En la época precapitalista los negocios, los tratos, se cerraban con un apretón de manos. La palabra dada tenía tanto valor como ahora puede tenerlo un contrato firmado bajo una rúbrica. El Sporting posiblemente hizo ayer ambas cosas, pero salvó un gran obstáculo en su carrera para la negociación del convenio de acreedores. El club rojiblanco y la Agencia Tributaria dieron formalidad en Oviedo a un secreto a voces: el acuerdo «singular» apalabrado entre Celso Fernández, en el que la entidad rojiblanca ha delegado el desenlace de este entremado jurídico-económico, y la directora general de Recaudación, Julia Atienza, en una reunión celebrada el pasado 30 de marzo en Madrid, que en su día ya adelantó EL COMERCIO.

El acto protocolario, pero imprescindible, de ayer abre, en gran medida, el mecanismo de viabilidad del club gijonés. Responde a una indicación de los propios administradores rojiblancos, recogida en el informe presentado al juez Javier Antón Guijarro, en la que advertían de que la supervivencia del Sporting pasaba por «suscribir un convenio singular con la Agencia Estatal de Administración Tributaria».

El convenio singular al que se referían los interventores supone, de hecho, ampliar el aplazamiento de pago de la deuda, que será mayor que para el resto de acreedores. Es decir, ante la inviabilidad de devolver los 24,7 millones adeudados a Hacienda -el principal acreedor- en el plazo previsto de cinco años, al que, sin embargo, deberán adherirse el resto de acreedores, éste se aumenta -incluso podría doblarse-.

Así quedó acordado ayer tras la reunión matinal, iniciada a las 10.30 horas, que mantuvieron, en la sede ovetense de la Administración Tributaria, los administradores Antonio González-Busto y Juan Miguel González, el presidente Manuel Vega-Arango y el consejero Antonio Veiga con representantes del organismo estatal, en presencia, igualmente, de miembros de Legalia.

En el fondo, el hecho de que Hacienda suscriba el convenio singular propuesto por la entidad rojiblanca no hace otra cosa que oficializar por su parte unas facilidades determinantes para la supervivencia del club. «La viabilidad de la entidad -decían los interventores en su informe- pasa por negociar un convenio en los términos más beneficiosos que admite la ley». Y eso es lo que se ha hecho.

Pero el desplazamiento hasta Oviedo no se quedó sólo en eso. La visita a la capital obtuvo un segundo fruto deseado en esta fase decisiva: la adhesión al convenio de la Seguridad Social, a la que se sumará, según apuntan fuentes del club, en los próximos días, la de Gesai, pero en este caso en Madrid. El respaldo de Hacienda, la Seguridad Social y Gesai, es decir, los máximos acreedores del club -sin tener en cuenta a José Fernández ni sus aportaciones a través de sus empresas- ya no es un mero compromiso, sino un hecho y el respaldo definitivo al éxito del proceso concursal.

No obstante, las condiciones del acuerdo con estas dos últimas no serán las mismas que las de la Agencia Tributaria. En la práctica ello supone que la remisión o quita alcanzará el 50% de la deuda, como también ocurre con Hacienda, pero el aplazamiento de la misma será de cinco años, con el primero de carencia. Ni uno más. No hay que olvidar que las cantidades de una y otra no tienen comparación: 1,32 y 1,80 millones se les deben al organismo estatal y a la inmobiliaria respectivamente, frente a los 24,7 que reclama Hacienda.

Junta en otoño

Al margen de esas y otras incertidumbres, la aplicación de la Ley Concursal al Sporting sigue su ritmo. Desde la petición formulada en el Juzgado de lo Mercantil por Coral Golf, a mediados de mayo, por una deuda de más de 300.000 euros, el club ha sido intervenido, se le han nombrado los administradores y se ha negociado el convenio de acreedores, que será aprobado en una junta aún sin fecha -posiblemente en otoño- y que el Sporting sacará adelante -es suficiente la adhesión de la mayoría simple del pasivo ordinario-. La idea inicial manejada por el consejo era retrasar la convocatoria de la junta que asegurará el futuro de la entidad hasta obtener el visto bueno de ese mínimo de acreedores, mínimo con el que ya cuenta.

La supervivencia de la entidad gijonesa parece, así, aún más cerca. Con el proceso concluido y si las estimaciones se convierten en hechos, el club reducirá su deuda de 50,7 millones a 18. Es decir, el Sporting se liberará de un pasivo de más de 30 millones tras la aplicación de la Ley Concursal.

Al día de hoy, el Sporting ha cumplido con tres de las cuatro medidas expuestas por los tres administradores para buscar un desenlace satisfactorio al concurso de acreedores: proceder a una regulación de empleo de la plantilla de trabajadores, negociar un convenio en los términos más beneficiosos que admite la ley (una remisión del 50% de su deuda a cinco años) y suscribir un convenio singular con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Sólo resta la cuarta: la profesionalización de la gestión económica y personal del personal de la entidad.