El Gobierno negó «por completo» haber adquirido compromisos con ETA para propiciar la declaración de alto el fuego del 22 de marzo. La Moncloa rehusó comentar la versión de la fase preparatoria del cese de actividades, porque la información «no tiene ninguna credibilidad». El Ejecutivo indicó, además, que si bien José Luis Rodríguez Zapatero autorizó el 29 de junio la apertura de conversaciones, aún no se ha producido ningún contacto con ETA.

Ni compromisos ni garantías. El Gobierno fue rotundo al desmentir que hubiera contraído obligaciones con ETA a cambio de silenciar las armas. Fuentes gubernamentales admitieron que hubo contactos previos porque «estas cosas no surgen de la nada», pero en ningún caso se alcanzaron acuerdos sobre aspectos concretos y menos sobre cuestiones políticas, como apunta el diario 'Gara', a cambio del final de los atentados terroristas.

Las fuentes consultadas señalaron que es imposible que un gobierno democrático pueda prometer la inactividad del Estado de Derecho contra una organización terrorista ya que existe una división de poderes que permite actuar a la justicia sin intromisiones del Ejecutivo. En este sentido, recordaron las últimas actuaciones del juez Fernando Grande-Marlaska contra dirigentes de Batasuna. Además, el Gobierno no puede arriesgarse a ordenar a las fuerzas de seguridad que paralicen las operaciones contra ETA porque una instrucción semejante enseguida afloraría.

El desarrollo de los acontecimientos hace pensar que sólo existe un punto de vista común entre el Ejecutivo y la organización terrorista: el del procedimiento a seguir. El presidente del Gobierno y la vicepresidenta han señalado en reiteradas ocasiones que tras el alto el fuego se abriría una etapa de verificación y después de ésta se autorizarían los contactos. ETA no ha cuestionado esta sucesión cronológica aunque exigió más rapidez en su entrevista del 14 de mayo. Los acuerdos que puedan alcanzarse vendrán, como es lógico, cuando se sienten a hablar los representantes de una y otra parte.

Este encuentro, según las fuentes consultadas, aún no se ha producido ni se prevé a corto plazo porque todos los focos están puestos en esa reunión. Cuando las aguas se calmen y en el momento más inesperado, se producirá la entrevista.

Denuncia del PP

Por su parte, el Partido Popular presentó ayer una denuncia ante el tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra los cuatro participantes de la reunión celebrada entre el PSE y Batasuna.

La denuncia está argumentada con las sentencias y resoluciones judiciales que inciden en la ilegalización de Batasuna y ordenan su cese total de actividades, así como en su inclusión en la lista europea de organizaciones terroristas.