La muerte de la joven Desirée Prieto a manos de su ex compañero sentimental conmocionó ayer a la región. Todos los actos de violencia de género merecen el rechazo unánime de la sociedad y de las autoridades, pero la edad de la víctima, 22 años, y el hecho de que también su hijo, de tan sólo dos, resultara herido hicieron que la condena fuera, si cabe, más dura que nunca.

La directora del Instituto Asturiano de la Mujer, Begoña Fernández, recordó que contra el presunto asesino, José María Suárez, pesa una orden de alejamiento solicitada por su ex mujer. «Es un agresor y esperamos que el peso de la ley caiga sobre esta persona», exigió.

Lo hizo al finalizar una concentración silenciosa delante del centro municipal de La Arena, en la que participaron las representantes de los 22 ayuntamientos de toda España que durante los últimos días se habían reunido en Gijón para analizar las políticas de igualdad. Las jornadas, en las que el tema de la violencia de genero había ocupado buena parte del debate, se clausuraron con un acto de protesta y la lectura de un comunicado de condena firmado por todas las participantes. Bajo el lema ' Tolerancia cero', las representantes de los municipios reclamaron que «la pertenencia al sexo femenino no sea un motivo para despojar a una persona de sus derechos más elementales: a la dignidad, a la integridad física y moral y a la vida».

Además de un rechazo contundente por el asesinato de la joven, el Gobierno regional, a través del Instituto Asturiano de la Mujer, ha anunciado que apoyará a la familia de la víctima que se persone contra José María Suárez. No será la única medida que se tome en este sentido. La directora de instituto, afirmó que se dirigirá «a la Delegación Especial contra la Violencia para que acuda como acusación popular».

Fernández reconoció «la dificultad» para detectar casos en los que no consta una denuncia previa, pero solicitó que se «extremen las medidas de seguridad en los que hay denuncias y agresiones reiteradas».

También se pronunció la directora de la oficina de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón, Clara Costales, quien insistió en la importancia de condenar y denunciar cualquier acto de violencia que se detecte, así como en la necesidad de avanzar en las políticas preventivas.

El consejero de Justicia afirmó que el Gobierno «está sobrecogido». Francisco Javier García Valledor insistió en que «todas las administraciones estamos intentando combatir esta lacra, pero eso no impide que se nos encoja el corazón cuando ocurren estos casos».

Unanimidad en el Pleno

La Corporación municipal de Gijón, reunida en Pleno, manifestó «su consternación y repulsa por este crimen atroz». En un acuerdo unánime, precisó que la violencia de género no afecta sólo al ámbito privado, sino que constituye la manifestación más primaria y brutal de la desigualdad que existe en la sociedad».

En el acuerdo se señala la importancia de que este tipo de delitos sean cada vez menos «invisibles». Por este motivo, el Ayuntamiento ha animado «a hacer expreso el rechazo contra los agresores, para que perciban la repugnancia que su mentalidad produce en la población».