Martes, 8 de agosto de 2006
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El Gobierno vasco autoriza con limitaciones la marcha de Batasuna
El Ejecutivo de Zapatero renuncia a pedir a la Fiscalía la prohibición Garzón tiene la última palabra sobre la manifestación del domingo próximo
El Gobierno vasco autoriza con limitaciones la marcha de Batasuna
Diego López Garrido expuso ayer la postura del PSOE sobre la marcha de San Sebastián. / EFE
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El Gobierno vasco autorizó ayer la manifestación que Batasuna tiene previsto celebrar el próximo domingo en San Sebastián bajo el lema 'Euskal Herria. Autodeterminación' y que coincide como en años anteriores con el inicio de la Semana Grande de la capital guipuzcoana. El permiso va acompañado de una serie de condiciones que debe cumplir el convocante, un ciudadano particular cuya identidad no ha trascendido, como que no se podrán exhibir pancartas, textos o anagramas del partido ilegalizado.

La Consejería de Interior permitió ayer la celebración de la marcha porque «no existen motivos legales para restringir un derecho fundamental como el de manifestación». No obstante, en su resolución advirtió al convocante que la Ertzaintza podrá suspender o interrumpir la protesta si los participantes exhiben pancartas, textos o anagramas del partido ilegalizado o de sus sucesores. La Policía autonómica también podrá intervenir si los manifestantes lanzan o exhiben lemas no previstos en la convocatoria del acto o si los presentes incurren en acciones de enaltecimiento del terrorismo u otros delitos.

En caso de no respetarse las condiciones de la resolución de Interior, la actuación policial 'in situ' sería independiente del expediente sancionador o las responsabilidades penales en que pudiese incurrir el solicitante y que serían reflejadas en el correspondiente atestado.

La celebración de la marcha por el centro de la capital guipuzcoana fue solicitada el viernes pasado por un ciudadano a título individual, pero el llamamiento público para que la convocatoria fuera secundada de forma masiva la realizó, un día después, Pernando Barrena, uno de los portavoces de la Mesa Nacional de Batasuna.

Pese a la autorización administrativa, la última palabra sobre la celebración o no de la marcha la tendrá el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien debe determinar antes del próximo fin de semana si la manifestación está afectada o no por la suspensión total de actividades del partido ilegalizado, medida decretada en enero pasado por su juzgado, entonces dirigido por su sustituto, Fernando Grande-Marlaska.

De hecho, la propia resolución del Ejecutivo vasco indica que la Consejería de Interior ha remitido a Garzón una copia de la autorización de la marcha y otros materiales complementarios del expediente, como los documentos que recogen las intervenciones de Barrena del pasado sábado, durante el acto público en el que invitó a los ciudadanos a participar en la marcha.

Informe policial

El magistrado, antes de tomar una decisión, esperará a conocer la postura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre la petición realizada ayer por DyJ. Fuentes fiscales adelantaron que el Ministerio Público, antes de decidir sobre la licitud o no de la manifestación de San Sebastián, pedirá al juez que demande de las Fuerzas de Seguridad del Estado, «a la mayor brevedad», un informe sobre todos los datos que rodean la convocatoria del domingo: solicitantes, lemas, posible implicación de dirigentes de Batasuna, antecedentes de la protesta, etcétera.

El Gobierno, por su parte, da por buena la decisión del Ejecutivo vasco de autorizar la manifestación de Batasuna. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, dejó ayer claro en Rabat que no tiene intención alguna de instar al fiscal general del Estado a actuar, como solicitó el domingo el líder del PP, Mariano Rajoy. El portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, aseguró que ni la marcha ni «quienes la convocan» inspiran a su formación ninguna «simpatía», pero argumentó que la ley de partidos no es una «ley penal» y, por tanto, los miembros de la formación ilegalizada mantienen sus «derechos y libertades individuales».



 
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