Luis Bango legó toda su fortuna a la Asociación Gijonesa de Caridad hace tres meses. En su testamento dejó estipuladas dos condiciones: que el 90% de la herencia -que podría superar los 30 millones de euros- se destinase a la construcción de una residencia para mayores y que éstos fueran españoles y no drogadictos.
La Cocina Económica busca ahora la fórmula para poder «incumplir» los dos últimos requisitos estipulados en el testamento del multimillonario gijonés, según reveló ayer su presidente, Pedro González. La decisión de Bango de excluir a inmigrantes y drogadictos ha hecho que tanto desde la Administración regional como la local se planteen reticencias a la hora de colaborar con el proyecto.
La última en manifestar su «desacuerdo» con esta cláusulas fue la consejera de Vivienda y Bienestar Social, Laura González. Antes había sido la propia alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso, quien les recordó que Gijón no era «una ciudad excluyente» en un encuentro con representantes de la asociación para hablar sobre la residencia y la posibilidad de que el Ayuntamiento les cediera una parcela pública sobre la que construirla.
González entiende las críticas que estas condiciones han levantado, pero recuerda que «son requisitos estipulados en el testamento y no realizados por la Cocina Económica». De hecho, y aunque «en un principio estamos obligados a cumplirlas», la asociación estudia ya las posibilidades legales para poder eludirlas.
«Queremos, por todos los medios, buscar una solución que nos permita admitir a cualquier residente sea o no sea español o drogadicto», afirmó el presidente, quien recordó que «se trataría de casos contados».
Todavía es pronto para conocer cómo se solventará el problema, pero la asociación confía en lograr una «solución pacífica», que posibilite la colaboración de las administraciones en el futuro complejo residencial. El elevado coste de mantenimiento -más de 1.200 euros por persona y mes, según González- y la posibilidad de tener que llevarlo a cabo sin contar con ayudas públicas ha hecho que la asociación estudie ahora un proyecto mucho menos ambicioso que el que se planteó tras recibir el anuncio de la herencia. De las 180 plazas previstas inicialmente se ha pasado a «80 ó 90», según explicó el presidente.
«Nos hemos dado cuenta del enorme coste que supondría mantener a tantas personas y hemos ajustado las previsiones iniciales», puntualizó. ¿Se ampliarían los puestos si hubiera un compromiso formal del Principado y del Ayuntamiento para colaborar en el sostenimiento de la residencia? «Posiblemente sí, aunque quizás no hasta las 180 plazas», matizó.
Permuta de parcelas
Tampoco está claro, de momento, dónde se construirá el centro residencial. La Asociación Gijonesa de Caridad pretendía que el suelo sobre el se edificara fuera cedido por el Ayuntamiento. Sin embargo, la alcaldesa descartó esta posibilidad la semana pasada. La negativa, según González, no estuvo motivada por las condiciones impuestas por Bango, sino porque el Consistorio «no puede ceder suelo a una asociación privada».
La Cocina Económica decidió entonces estudiar su construcción en alguna de las parcelas dejadas en herencia por Bango, pero González lo descartó al considerar que éstas eran demasiado pequeñas para acoger el equipamiento.
Sin posibilidad de que se ceda suelo, ni se construya en los terrenos legados, la permuta de unas fincas por otras parece ser la opción que más posibilidades tiene de salir adelante, aunque no es la única. ¿Con quién intercambiar parcelas? «No descartamos que sea con el Ayuntamiento o con particulares», anotó el presidente. Tampoco se excluye que no haya permuta, sino «una compra de los terrenos», matizó.
Todo está de momento el aire, porque el primer punto que se debe aclarar es el montante de la herencia legada por Bango. Esta semana, la asociación esperar recibir de Hacienda, todos los datos sobre las propiedades heredadas en España.
