Apenas ha cumplido ocho años de vida y ya ve su futuro con incertidumbre. El edificio de los juzgados de Poniente, la sede más nueva de las tres que funcionan en la ciudad, se antoja para el Principado como necesaria moneda de cambio para poder financiar la construcción del que será el futuro palacio de Justicia de Gijón, en terrenos de la Bohemia. Una propuesta que, de prosperar, pondría fin en menos de una década a la actividad de un inmueble que desde su nacimiento se ha caracterizado por su falta de estrella.
Pese a la necesidad de urgencia que reclamaban los profesionales de la Justicia para su puesta en marcha, con la intención de liberar de trabajo las sedes de Prendes Pando y Donato Argüelles, los plazos del ministerio para la inauguración del edificio fueron dilatándose poco a poco. Su apertura estaba prevista inicialmente para mayo de 1996, pero llegado noviembre los juzgados de Poniente seguían en obras.
El 6 de noviembre de 1996 un atentado de la organización terrorista ETA a las puertas del inmueble ocasionó considerables destrozos en el edificio y obligó a postergar su inauguración con vistas a reforzar los sistemas de seguridad. El parón se prolongó casi un año y medio. Entretanto, funcionarios y profesionales de la justicia insistieron en mostrar su desacuerdo con los planes de distribución de las nuevas dependencias, que consideraban inadecuadas. Así, llegaron a proponer incluso un plante y negarse a cambiar de edificio.
El traslado definitivo se realizó a mediados de marzo, fecha en la que comenzaron a sucederse todo tipo de incidencias. En menos de un mes y medio trabajadores y usuarios de los juzgados llegaron a sufrir hasta doce accidentes. Puertas de cristal que estallaban en pedazos, cortes al apoyarse en los pasamanos, torceduras por las escaleras... Alguno de estos incidentes llegó a coincidir incluso con la inspección que llevaban a cabo los técnicos del Ministerio de Trabajo a raíz de las denuncias recibidas.
Vapores tóxicos
En sus primeras semanas de funcionamiento el edificio también sufrió cortes de energía por el impacto de un rayo, inundaciones en el sótano e incluso un escape de vapores tóxicos que obligó a desalojar el inmueble. La seguridad del edificio, pese a las precauciones tomadas tras el atentado terrorista, también quedó en entredicho cuando, en su primer mes de funcionamiento, un detenido llegó a fugarse por la ventana de una de las salas del juzgado mientras prestaba declaración ante el juez.
Otra destacada polémica surgida tras la puesta en marcha de los juzgados estuvo relacionada con la falta de permisos para su funcionamiento. En concreto, el edificio de Poniente comenzó a trabajar sin haber tramitado la licencia de apertura, lo que llevó al Ayuntamiento a calificar la situación de «chapuza». El concejal de Urbanismo, Jesús Morales, quien ya entonces se encontraba al frente de este área, recordó entonces al ministerio que «aunque no nos gusta clausurar locales, el requisito de la licencia de apertura implica a todos los ciudadanos, sean particulares a administraciones».
Ahora el Ayuntamiento tendrá de nuevo voz en el futuro de los juzgados de Poniente, pues será la administración municipal quien analice la posibilidad de recalificar los terrenos para que la venta del inmueble permita a Justicia financiar el futuro palacio en la Bohemia.
