El aumento de mujeres asesinadas, después de la entrada en vigor de la Ley contra la Violencia de Género, es un dato que puede dar pie a valoraciones erróneas. Especialmente, por parte de aquellos que no quisieron esta ley y la tuvieron que aceptar a regañadientes.
Esta ley no ha fracasado porque aumenten las víctimas de forma inmediata. Porque ese no es el objetivo, sino la consecuencia del que sí es el objetivo principal: dotar a las mujeres de instrumentos frente a la dominación de género. Esta ley fracasaría si hoy las mujeres no tuvieran más poder para defenderse de la violencia y para reafirmar su libertad, autonomía, y seguridad. Y eso no ocurre ahora por que esta ley les posibilita más poder e igualdad.
La ley se dirige a la raíz del problema: la dominación de género de los hombres sobre las mujeres, raíz sociopolítica de la que surge el maltrato y la barbarie. Ante el aumento del empoderamiento de las mujeres, la violencia del dominador, al principio, se radicaliza. Ha sido siempre así, en todo proceso emancipatorio. Esta es una ley que atiende a un problema político, no sólo a conductas individuales. Sin abordar este problema político de dominación de género, es difícil que remita la violencia.
Esto no implica que no revisemos, críticamente, la ley y su aplicación, para mejorarla y detectar vacíos, insuficiencias, errores que facilitan la labor de los maltratadores y asesinos. Queda mucho por hacer, y es urgente e imprescindible hacerlo. Pero ese no es el núcleo central de la cuestión y sí lo es la dominación institucionalizada de género.
Para entender mejor la naturaleza política y compleja de los asesinatos de género, es preciso analizar cómo la totalidad de los cincuenta asesinatos que ha habido, en lo que llevamos de año, se han producido cuando la mujer ha dicho no al maltrato, no a la dominación o, sencillamente, ha pretendido elegir su propio camino. El asesino de género lo que pretende matar es la libertad de la mujer, que le resulta insoportable. Por ello, si ese es el objetivo del asesino, ese es el bien que trata de proteger.
Algunos datos más, en este sentido. De más de cincuenta mujeres asesinadas, la mitad lo han sido por sus maridos (57%) y las restantes por sus novios o compañeros. El 40% de los asesinos, o se ha suicidado (el 26 %) o lo han intentado (el 14%). De aquellos asesinos que ni se suicidan, ni lo intentan, el 43% se entrega voluntariamente, y el restante 57% es detenido sin muchas dificultades. De tal modo que la totalidad de los asesinatos de estas cincuenta mujeres, o están muertos o están detenidos.
Es un tipo de criminalidad especial. La función disuasoria de la amenaza de la pena es inútil, cuando el delincuente busca su propia autodestrucción o se entrega voluntariamente a la justicia. Pero la violencia de género no se limita al asesinato, sino que incluye prácticas cotidianas de maltrato que, sí pueden ser previstas y evitadas por la ley, y que las estadísticas oficiales no reflejan, por la dificultad de medir las mismas.
En este capítulo, la ley está ya teniendo efectos positivos de disminución. El tiempo lo dirá, pero prueba de ello, es el aumento de la denuncias y, otra vez la cruel paradoja de la emancipación, en el aumento de los asesinatos.
Aquí vale también aplicar esa frase de Gramsci, «del optimismo de la voluntad y del pesimismo de la inteligencia». Que sigan creciendo los asesinatos de género no es ningún fatum que haya que aceptar como inevitable. Podemos y debemos detener esta espiral enloquecida (optimismo de la voluntad). Pero los éxitos de esta lucha y de esta ley no se pueden medir en exclusiva por el número de víctimas (pesimismo de la inteligencia), sino por el grado de libertad y seguridad que ha de dar a las mujeres. Y ese es, hoy, más alto que el que tendríamos si no tuviéramos esta ley.
