Las subvenciones que el Estado y las autonomías conceden a los ayuntamientos tendrán, a partir de la aprobación de la nueva Ley Básica del Gobierno y la Administración Local, un carácter estrictamente incondicionado que deja su gestión en manos de los municipios. En contra del criterio que mantiene el Principado, el secretario de Política Municipal del PSOE y corredactor del proyecto, Álvaro Cuesta, asegura que la entrada en vigor del texto eliminará el sistema de ayudas finalistas vigente, que pasará a utilizarse «cuando circunstancias excepcionales así lo requieran». Cuesta, también contra la interpretación del Gobierno regional, precisa que la ley garantiza a los ayuntamientos la suficiencia financiera necesaria para asumir todas las competencias a ejercer, sin necesidad de aguardar a una reforma del sistema de financiación municipal.
El parlamentario, así las cosas, entiende que el espíritu de la ley está más cerca de la interpretación de la Federación Asturiana de Concejos que del posicionamiento del Principado. La FACC cree que el proyecto garantiza la financiación de las competencias y elimina las subvenciones condicionadas, al igual que explica Cuesta, mientras que el Principado remite la clarificación del debate a la reforma de la financiación municipal y apoya la pervivencia de las ayudas finalistas.
El análisis que el diputado realiza del proyecto tiene especial valor en la medida en que es uno de sus corredactores. Y su valoración general sobre el mismo es contundente. El borrador que se maneja contiene un capítulo dedicado de forma específica al apartado económico que, sin dudas de ninguna clase, «garantiza la autonomía y la suficiencia financiera a los ayuntamientos». Y lo hace a través de varios conceptos generales. Uno de ellos, quizás el más polémico, tiene que ver con la generalización de las subvenciones incondicionadas.
La ley «pondrá fin a las ayudas finalistas» del Estado o las comunidades a los ayuntamientos, concreta Cuesta, que únicamente se podrán arbitrar en casos «excepcionales». Este criterio, contra lo que defiende el Ejecutivo, supone un cambio sustancial, ya que da a los municipios la potestad para gestionar con autonomía esos fondos, sin imposiciones de ninguna clase.
El responsable de Política Municipal del PSOE corrige además al Principado en la medida en que especifica que la Ley Básica del Gobierno y la Administración Local avala la suficiencia económica de los ayuntamientos al establecer los criterios generales que regirán esa financiación. El texto normativo tiene «rango superior» y, por tanto, la reforma del modelo de financiación municipal o la Ley de Haciendas Locales «deberán respetar dichos principios», desgranándolos «más en detalle».
Tributos locales
Para conseguir ese objetivo de la suficiencia financiera, expone el parlamentario, el proyecto que maneja el Gobierno incorpora una batería de medidas que avanzan por ese camino. «Toda ley estatal o autonómica que modifique un tributo que afecte a los ayuntamientos y produzca una merma de los ingresos locales», ejemplifica, «deberá arbitrar una compensación».
El resto de iniciativas van por esa misma línea. Álvaro Cuesta destaca que el futuro texto que regulará el marco local «acabará» con las polémicas competencias impropias. El diputado resalta que, en adelante, cualquier ley que transfiera competencias a los municipios «deberá valorar su coste y pagarlo».
