El auditor municipal Félix Fernández ha lamentado «que se dude de nuestra independencia» después de que el Partido Popular anunciara su intención de pedir la rescisión de su contrato con el Ayuntamiento debido a una sanción que le impuso el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Según recordó, la sociedad auditora Félix Fernández, Díaz y Onaindía Sociedad Civil realiza cada año cerca de cuarenta auditorías en la región, por lo que criticó que se utilice como arma política una sanción no relacionada con sus trabajos para el Consistorio gijonés.
«Todos los años se realizan inspecciones por parte del instituto y existen múltiples motivos de discrepancia en la interpretación de las normas legales que, con frecuencia, derivan en sanción», señaló. Fernández puso como ejemplo las sanciones impuestas a varias empresas auditoras, «muchas de gran relevancia, que auditan, por ejemplo, a empresas incluidas en el IBEX 35». Por tanto, consideró que la sanción del instituto «no supone ni pérdida de confianza, ni extrapolación de la misma a las otras empresas que se auditan» y lamentó su utilización «con el fin de prejuzgar y rechazar el trabajo y profesionalidad del auditor». Recordó, además, que contra la sanción se han interpuesto ya «los recursos oportunos».
Con respecto a las declaraciones de Pedro Muñiz a EL COMERCIO sobre resultados «extraños» en los informes de auditoría a empresas municipales, como EMTUSA y el Teatro Jovellanos, Félix Fernández negó que se hubieran dado irregularidades y remitió a los propios documentos, «depositados en el Registro Mercantil». Así, sobre la presunta omisión de la situación de 'quiebra técnica' de la empresa municipal de transportes, el auditor recordó que «en el punto 3 del informe de auditoría de EMTUSA, se expresa el estado económico de la entidad».
Con respecto a la falta de mención de la contratación por parte del Teatro Jovellanos de un grupo teatral participado por uno de los consejeros de la entidad, Félix Fernández aseguró que este hecho se hacía constar «en la memoria de las cuentas anuales, adjuntadas al informe de auditoría». Consideró, además, que hablar de 'resultados extraños' «entraña un uso malicioso del término, tergiversa la realidad y atenta al buen hacer del auditor». Por otra parte, recordó que dichos trabajos de auditoría fueron adjudicados «previa presentación de las correspondientes ofertas en sobre cerrado y siguiendo el criterio de capacidad suficiente y oferta económica más baja a la sociedad Félix Fernández, Díaz y Onaindía Sociedad Civil», y no a él como persona física.
El economista eludió pronunciarse sobre los métodos del Ayuntamiento para la elección de las empresas auditoras, «pues se trata de una competencia propia de la entidad local». No obstante, recordó que «la ley de Auditoría exige que sean contratadas por un período de tiempo determinado inicial, que no podrá ser inferior a tres años ni superior a nueve, pudiendo ser contratados anualmente una vez haya finalizado este período inicial».
Resaltó que la renovación de los contratos municipales con una misma empresa es muestra del buen hacer de ésta y el hecho debe ser considerado «como un mérito y no ser causa de crítica». Por ello, pidió a los políticos «que nos dejen en paz a los profesionales».
