El consejo de administración del Sporting recuperará su autonomía después de la celebración de la junta de acreedores del próximo lunes. El órgano presidido por Manuel Vega-Arango dejará, por tanto, de estar sometido a la intervención judicial después de dieciséis meses en los que precisó de la autorización de Antonio González-Busto, Celestino Suárez Viñuela y Juan Miguel González para realizar cualquier tipo de operación económica. Pero la figura de los administradores concursales no desaparecerá del entorno de la entidad rojiblanca.
La firma del convenio en los términos más ventajosos que permite la ley -una remisión del 50%- lleva emparejado el compromiso de hacer frente a la deuda en los próximos cinco años. Y aquí es donde entran de nuevo en escena los administradores, que velarán por el cumplimiento del convenio y también por la buena marcha económica del club, para evitar que el Sporting vuelva a incurrir en causa de disolución.
El consejo de administración tendrá libertad de actuación, pero periódicamente deberá rendir cuentas al abogado Antonio González-Busto, al economista-auditor Celestino Suárez Viñuela y al inspector de Hacienda Juan Miguel González. Fueron precisamente los administradores, en su informe concursal que entregaron hace un año al juez, quienes trasladaron al juez Javier Antón Guijarro la conveniencia de mantener a Manuel Vega-Arango y su equipo rector al frente de la entidad.
Entonces, además de destacar la colaboración recibida por parte de los consejeros a la hora de desarrollar su labor, se incidió en que «el fútbol profesional es un ámbito de la actividad económica extraordinaria singular, en el que se manejan criterios específicos que exceden de los habituales en compañías mercantiles dedicadas a otro género de actividad y cuyo conocimiento es presupuesto del éxito de cualquier gestión».
Oposición de Coral Golf
La continuidad o, por contra, apartar al consejo de sus funciones fue una de las primeras interrogantes que se abrieron cuando el Sporting fue declarado en concurso de acreedores, en junio de 2005. La empresa Coral Golf, que instó el proceso, solicitó en aquel momento y en reiteradas ocasiones al titular del Juzgado de lo Mercantil que los consejeros fueran apartados de la actividad diaria del club, al entender que eran responsables directos de la situación de quiebra técnica en la que se encontraba la sociedad.
En noviembre del año pasado, Javier Antón Guijarro dictó por fin el auto que era esperado desde julio. El juez que entiende del concurso del Sporting optó por mantener a los consejeros al frente del club rojiblanco. Si se demoró tanto la decisión fue, precisamente, por las dudas que mantenía Javier Antón Guijarro al respecto. En el auto, de hecho, el magistrado llegó a hablar de «ineptitud» del consejo y anunció que su decisión podría revocarse en cualquier momento.
Ahora, una vez que la junta de acreedores salga adelante y se firme el convenio, Manuel Vega-Arango y su equipo directivo podrán realizar de nuevo transacciones económicas sin necesidad de la autorización y firma de los administradores concursales. Desde que se inició el proceso, hace dieciséis meses, toda orden de pago llevaba la firma del presidente del club, del director general, Alfredo García Amado, así como de dos de los tres interventores judiciales.
