El Partido Popular cumplió ayer su anuncio de volver a llevar al Parlamento el 'proceso de paz' como elemento de confrontación política. Los populares soliviantaron los ánimos del Ejecutivo al acusar a Rodríguez Zapatero de consentir contactos de dirigentes del PSE con Batasuna en 2002 «mientras ETA asesinaba a su compañero de partido Joseba Pagazaurtundua». El presidente del Gobierno esquivó el enfrentamiento directo, pero reclamó al PP que abra «una reflexión autocrítica» porque ni las víctimas ni la sociedad «se merecen estos niveles de contienda».
El portavoz popular en el Senado elevó ayer el listón de la crítica. Pío García-Escudero acusó al presidente del Gobierno de haber «conocido y consentido» los contactos entre los socialistas Jesús Eguiguren y Francisco Egea y los batasunos Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Rafael Díez Usabiaga, «mientras firmaba el pacto antiterrorista, votaba la Ley de Partidos y ETA asesinaba a su compañero de partido Joseba Pagazaurtundua».
Fuentes gubernamentales denunciaron que el senador prácticamente acusó al presidente del Gobierno «de consentir la muerte de un socialista» y consideraron que PP «se está pasando de la raya de la democracia». El Ejecutivo cree que la decisión de los populares de «volver a la carga» se debe a los intentos de ocultar el «ridículo» que -sostienen- hizo el primer partido de la oposición con su estrategia de cuestionar la autoría del 11 de marzo y vincular estos atentados a ETA.
Prisiones
Zapatero reaccionó con más frialdad que algunos de los miembros de su Gobierno y evitó responder las acusaciones directas. El presidente replicó a García-Escudero que iba a dar sus palabras por no dichas porque las víctimas y también el resto de la sociedad, que han sufrido en los años de la democracia por el terrorismo, «no se lo merecen». Aunque no respondió a las acusaciones, sí cuestionó la labor de oposición del PP, al que pidió más responsabilidad.
«No sé si será antes o después, pero tengo el convencimiento de que en sus filas se abrirá una reflexión autocrítica sobre su posición ante el 'proceso de paz'. Mi deseo es que se produzca cuanto antes, pero mucho me temo, viendo su actitud en esta legislatura, que esa reflexión autocrítica tendrá lugar después de que hablen los ciudadanos en las urnas», señaló.
También durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso el portavoz del PNV, Josu Erkoreka, preguntó a Zapatero por la transferencia de las competencias penitenciarias que contempla el Estatuto de Guernica. El presidente aseguró que su Ejecutivo no tiene previsto cederlas porque «en esta materia están afectados y comprometidos intereses que afectan a la Seguridad del Estado» y pidió al portavoz nacionalista que no plantee esta cuestión en un momento que consideró poco oportuno.
Persecución
El secretario general del PP, Ángel Acebes, anunció al Ejecutivo que cuando su formación política vuelva a gobernar revocará «uno a uno» los acuerdos «ilegítimos e ilegales» que pueda alcanzar el PSOE con Batasuna en una mesa de partidos. El ex ministro del Interior acusó a los socialistas de promover una mesa que supone «un ataque frontal a la libertad y al régimen constitucional» que pretende decidir el futuro del País Vasco, Navarra y del resto de España al margen de las instituciones democráticas.
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, exigió al dirigente popular que retire «las insidias y maledicencias» que está arrojando sobre el Gobierno y rechazó que Batasuna pueda ser un interlocutor político.
