PSOE y PP coincidieron ayer en considerar de «capital importancia» la información de EL COMERCIO sobre el procesamiento de José Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro por el delito de tenencia de explosivos decretado por el juez Juan Laborda cinco meses antes de los atentados del 11-M. Las conclusiones que socialistas y populares extraen de este hecho, sin embargo, son radicalmente opuestas. Para el diputado nacional del PSOE Álvaro Cuesta, «refuerza la tesis de la imprevisión» de los responsables de seguridad en el Ejecutivo de José María Aznar y reafirma «que es el Gobierno anterior el que tiene que dar explicaciones».
El popular Jaime Ignacio del Burgo -miembro, como Cuesta, de la comisión que investigó el 11-M en el Congreso- entiende, por su parte, que lo que queda probado es que los mandos policiales asturianos que comparecieron en sede parlamentaria mintieron. Además, pregunta al Gobierno socialista que, si tan seguro está de la responsabilidad del anterior Ejecutivo, «¿por qué no quiere investigar a fondo todo lo que ha ocurrido en Asturias?».
Álvaro Cuesta explicó que hasta ahora se creía que el hallazgo de 16 cartuchos de dinamita en el garaje de Trashorras, en el trascurso de la operación antidroga bautizada como 'Pipol' y cuyo juicio comienza pasado mañana, «nunca se había traducido en un procedimiento judicial» específico por los cargos de depósito de sustancias explosivas. Destacó, por ello, la importancia de la revelación de EL COMERCIO y cree que deja aún más claro «lo que se dice en el dictamen de la comisión de investigación: que había constancia en la Fiscalía, en el Poder Judicial y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Asturias de que estos señores traficaban con explosivos ya con motivo de la 'operación Pipol'».
Ante esta situación, prosiguió el diputado y miembro de la ejecutiva federal del PSOE, «no se acaba de entender cómo en posteriores denuncias no se consideró verosímil que estos personajes, existiendo precedentes demostrados judicialmente de que operaban con explosivos, pudieran estar traficando con ellos». Y reitera su acusación sobre los responsables políticos de las fuerzas policiales, que son «quienes sabían lo que estaba haciendo esta gente».
«Gran escándalo»
Jaime Ignacio del Burgo, en cambio, centra su análisis en que el procesamiento de Trashorras y Toro meses antes del 11-M «demuestra cómo se mintió a la comisión parlamentaria, porque los mandos policiales que comparecieron dijeron que no había procedido la judicialización del caso de estas dos personas porque no había datos y pruebas suficientes». El diputado popular navarro afirma que «el gran escándalo de Asturias es la tremenda responsabilidad de los mandos que declararon en la comisión, porque en sus manos estuvo evitar el 11-M si hubieran tenido mayor diligencia».
Cree, además, que el hecho de que no se hayan dado a conocer la petición de procesamiento por parte del fiscal José Perals, en mayo de 2003, y el decreto del mismo por el juez Laborda, cinco meses después, «revela una voluntad de ocultación clarísima para lavar las responsabilidades» de los citados mandos.
Del Burgo considera, asimismo, «insólito» que de un dato de la trascendencia de este procesamiento «no se hiciera ni mención en el informe elaborado por el fiscal de Asturias -Gerardo Herrero- a instancias de la Fiscalía General del Estado» para determinar posibles responsabilidades penales en el seno de la Comandancia de Gijón de la Guardia Civil.
El parlamentario popular se preguntó «qué interés puede tener el PSOE» en que no se investigue a fondo tanto la llamada 'trama asturiana' como todos los demás aspectos de la organización de los atentados de marzo de 2004, y alabó el trabajo investigador realizado por la prensa, «como EL COMERCIO, sin el cual no nos habríamos enterado de esta información fundamental». Y defendió el derecho de su partido a seguir reclamando que se profundice en la investigación, «no como centro de la labor de oposición del PP, sino para contribuir al esclarecimiento de estos hechos».
Lamentó, en este sentido, que desde filas socialistas se le acuse de ser «el adalid de la 'teoría de la conspiración», como si él defendiera «que el 11-M es una conjura de islamistas, etarras, servicios secretos y mandos policiales vinculados al PSOE para expulsar al PP del Gobierno». «Si yo dijera eso -afirma Del Burgo- sería el mayor estúpido del reino. Lo único que decimos es que, en los frentes donde hay oscuridad, entre ellos Asturias, debe hacerse un poco de luz».
«Saber la verdad»
Sobre esta cuestión también se pronunció la diputada del PP y ex ministra de Sanidad Ana Pastor, que no quiso entrar a valorar de forma directa la decisión del juez de procesar a Trashorras pero que, en todo caso, sí admitió que «vamos a seguir utilizando» el 11-M como parte de la estrategia de oposición. «Queremos saber la verdad sobre lo que ocurrió», precisó Pastor, que aseguró que las intenciones del PP «no deben parecer mal a nadie, más bien al contrario».
Más contundente en sus aseveraciones fue el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que señaló que la decisión de mantener en la calle a Trashorras, a pesar de estar procesado por tenencia de explosivos, «será un problema del juez». El líder regionalista y socio del PSOE fue bastante más locuaz a la hora de valorar la estrategia del PP de usar el 11-M como arma de oposición: «Se han echado al monte», denunció, atacando a los populares por «no haber asimilado todavía que perdieron unas elecciones que pensaban que iban a ganar».
Revilla tiene claro quién está detrás del 11-M. «Fueron los árabes, ¿quién va a tener la menor duda?», plantea. El presidente de la comunidad vecina, que recordó que era el PP el responsable de las fuerzas de seguridad del Estado cuando se produjo el atentado, insistió en que las teorías sostenidas por los populares son «ridículas» y sólo tienen una explicación: «Han cogido un hueso que no tiene carne y ahí están, dale que te pego».
