EL debate previsto en el Parlamento Europeo sobre el final del terrorismo etarra y el «proceso de paz» en el País Vasco se anuncia con tal grado de división en la política española que, de no alcanzarse un acuerdo previo entre los grupos de la Cámara europea, en poco o nada contribuirá al buen discurrir del citado proceso. La iniciativa del grupo socialista resulta cuando menos prematura, habida cuenta de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero no ha dado inicio aún a conversaciones formales con la banda terrorista que servirían -según sus propias palabras- para evaluar la disposición real de la banda. Es cierto que la propuesta de resolución auspiciada por cuatro grupos que representan a un 50,82% de los parlamentarios europeos no va más allá del respaldo a lo aprobado por el Congreso de los Diputados el 20 de mayo de 2005. Pero da pie a la discusión en sede europea sobre el momento que atraviesa el denominado «proceso de paz» cuando sus principales gestores no ofrecen más datos que los de un optimismo, por momentos cauto, expresado siempre mediante mensajes crípticos.
Frente a la propuesta socialista, la presentada por el Partido Popular Europeo advierte de que no se dan las condiciones establecidas en la resolución del Congreso, muestra su preocupación por el protagonismo que el proceso abierto concede a la trama terrorista, y considera que la cuestión de fondo de este debate radica en la reivindicación del derecho de autodeterminación. Un contenido que muestra una comprensible inquietud, pero que extiende también un velo de sospecha respecto a cuantos hechos pudieran darse en el futuro inmediato en relación a ETA. Es evidente que ETA pretende zafarse de la derrota y la izquierda abertzale se resiste a modificar un ápice sus postulados frente al marco constitucional. Es evidente que la trama terrorista desearía orientar el llamado «proceso de paz» hacia la autodeterminación de Euskal Herria. De hecho es muy probable que ETA y la izquierda abertzale continúen esforzándose en presentar ante sus bases todo cuanto acontezca como una conquista de su empecinamiento totalitario. Lo intentarán también con el debate del miércoles en Estrasburgo. Pero sería una exageración y un grave error disponerse apriorísticamente a interpretar cada acontecimiento que pudiera producirse en relación con un eventual final dialogado del terrorismo etarra en una suerte de claudicación del Estado de Derecho, de entreguismo por parte de los socialistas o incluso de traición a la memoria de las víctimas. Porque ello contribuiría precisamente a conceder a ETA los triunfos que la democracia le ha negado hasta ahora y los que deberá continuar negando para que la banda terrorista desaparezca definitivamente.
