A las nueve y media de la mañana de ayer, fresca y lluviosa, Ángel Luis García Iglesias lo tenía todo preparado. Una pequeña silla de camping azul, alguna ropa de abrigo, «para soportar las noches», y agua. Mucha agua. «Será lo único con lo que llene el estómago en los próximos días». Bien a mano, guarda centenares de copias de un escrito en el que explica cuál es su situación y por qué está allí, sentado frente al BBVA de la plaza de El Carmen. Por si acaso, a su lado, una pancarta lo deja bien claro: 'En huelga de hambre'. ¿La razón? «Un error judicial. Han admitido a trámite la reclamación de una deuda que ya ha prescrito», explica.
El director del banco, atónito, mira al hombre que ha montado un pequeño campamento base a la puerta de su local. «No tengo nada en contra de su sucursal, ni de usted. El problema lo tengo con la entidad para la que trabaja», le comenta Ángel dándole uno de sus papeles.
Hace ya 20 años, en 1986, se convirtió en el único avalista de Cucafera, una empresa fantasma creada por un hombre, según dice, que «tenía el taller al lado del mío y con el que iba a tomar el café a menudo. Me pidió que firmara para avalar su nuevo proyecto, una empresa textil. Yo no tenía ninguna vinculación con el negocio. Fui un tonto». Cucafera dejó a deber mano de obra e instalaciones. Sus fundadores disolvieron la sociedad que previamente habían formado, quedando libres de toda deuda. Ángel debía pagar al banco 43.000 euros. Hubo juicio y sentencia en su contra, pero se declaró insolvente.
Ahora, el BBVA, le ofrece un trato: pagar 6.000 euros para cancelar la deuda, en un «último intento para lograr una resolución amistosa». Ante la negativa de Ángel, quien asume su culpa pero defiende que «el asunto ya está caducado y prescrito», la entidad bancaria decide tomar de nuevo la vía judicial.
Desde los servicios jurídicos del BBVA aseguran que sólo tratan de «arreglar el asunto. Si el juzgado ha admitido a trámite la demanda y ha decretado el embargo de todos sus bienes, será que no ha prescrito. Hay una sentencia firme en su contra, desde la que no han pasado más de 15 años». En la entidad muestran sorpresa por la medida adoptada por Ángel: «Le prestamos ayuda ofreciéndole ese acuerdo, porque creemos que nunca debemos cerrar todas las puertas y, de repente, desaparece hasta que monta este follón, argumentando que ya ha caducado todo. La deuda sigue existiendo. La prescripción sólo se refiere al tiempo que nosotros tenemos para reclamarla judicialmente. Lo hicimos en su día y ganamos. Ahora, tras rechazar una oferta más que generosa, volvemos a utilizar la vía judicial».
Miedo al embargo
Pero Ángel ve las cosas de forma muy diferente. La nueva oferta es, a sus ojos, «bastante irregular». Ahora confía en la justicia, pero no quiere esperar más para conocer su resolución. «Mientras todo esto ocurre yo tengo una orden de embargo sobre todos mis bienes, de los que vivimos mi mujer, mi hija y yo. Tengo una casa rural, trabajo con reservas a varios meses. No puedo vivir en esta incertidumbre, sin saber si cualquier día deciden ejecutar la orden y me quedo sin nada», reconoce.
En definitiva, no quiere perder, por culpa de aquellos que le engañaron hace ya dos décadas, todo por lo que él y su familia han trabajado durante estos años: «El error fue mío, pero si ahora ya no tengo que pagarlo, no lo haré». Aunque para ello, tenga que pasarse sin comer «hasta que se llegue a algún tipo de solución».
