CUANDO el Gobierno británico anuncia el Apocalipsis medioambiental del planeta (en su primera fase probablemente), el simple hecho de que la ministra española del ramo, Cristina Narbona, pretenda reducir un uso desmedido del agua (el oro transparente del siglo XXI), encareciendo su precio de acuerdo a la progresión de su consumo, despierta en nuestro país variedad de críticas, algunas de gran dureza, y ciertos sarcasmos sociales sobre el menosprecio gubernamental a la higiene. El ejecutivo de Londres ha encendido las señales de alarma ante los efectos catastróficos que el economista Nicholas Stern atribuye al calentamiento de la Tierra. Precisa este experto que la catástrofe podría evitarse si se invirtiera urgentemente un 1% del PIB global, pues dentro de unos años sería necesario multiplicar por veinte la inversión que no se realizara ahora.
Augura el economista Stern que, a finales de siglo, si no se detuviese el calentamiento, Londres y Tokio se verían inundadas, disminuiría considerablemente la fertilidad de la tierra en amplias zonas de los cinco continentes, el agua dulce escasearía más que nunca y la sequedad, con olas de calor duraderas, aumentaría las hambrunas y las enfermedades. Tony Blair ha dado un aldabonazo en la conciencia de la humanidad, por si algún gobierno, desde el norteamericano que no firmó el tratado de Kioto, hasta España, uno de los países más contaminantes, decidieran tomar en serio el futuro de la especie humana.
No da la impresión de que la ciudadanía española, excepto en islotes sociales de inquietudes ecológicas, se sienta muy interesada por el medio ambiente, al que no sólo deterioran las emanaciones de CO2, de las que casi todos somos responsables, sino también la tala de bosques para diseñar campos de golf o la construcción en los parajes más serenos de nuestra costa levantina no ya de abigarradas extensiones de viviendas unifamiliares sino, como acaba de ser aprobado por un ayuntamiento de responsabilidad moral supuestamente limitada, de un Manhattan con varias decenas de rascacielos desde los que contemplar los azules cambiantes del agua del mar, Mediterráneo por supuesto. Porque agua para el normal consumo de los habitantes de ese trocito remedado de Nueva York no parece que vaya a haber, a la luz del informe realizado por los técnicos de Medio Ambiente.
El vecindario español, dividido en poblaciones municipales, parece contemplar la corrupción urbanística en los ayuntamientos, aunque no en todos, ni mucho menos, afortunadamente, como el medio de adquirir fortunas a las que ciertos cargos tendrían un tácito derecho, consagrado por treinta años de tolerancia democrática. A un concejal delictivamente enriquecido no se le señala en calle con un dedo acusador, sino que se comenta la excelencia de su nuevo automóvil. En cualquier caso, tal vez sean menos culpables los concejales corruptos que los constructores corruptores, muchos de los cuales mantienen relaciones de fraternidad social (y de intereses) con dirigentes políticos, como está ostensiblemente demostrado.
No parece que la sociedad española vea con agrado que se le racione el agua, pero en la nueva Ley de Aguas pretende garantizar la ministra Narbona sesenta litros diarios de agua de buena calidad para cada español, lo que no es mucho obviamente, pero es bastante para empezar el día e ir adquiriendo conciencia de que el agua será cada vez un bien más escaso, o «raro» según dicen los economistas, y cuyo precio debería aumentar a medida que aumente su consumo, como seguramente recogerá la Ley de Aguas, que sólo podrá aconsejar a los ayuntamientos lo que predica, pues las competencias sobre la materia están muy fraccionadas.
