NO han resuelto directamente la cuestión esencial de la gobernabilidad en Cataluña las elecciones de ayer. La intervención de la soberanía popular en el laberinto catalán ha proporcionado un serio toque de atención a los socialistas catalanes cuya gestión errática tanto del Gobierno tripartito como de la elaboración del 'Estatut' le han pasado factura. Pero las urnas abren un complejo abanico de combinaciones de Gobierno que las fuerzas políticas deberán traducir en una fórmula estable ajustada a los intereses generales por encima de los estrictamente partidistas. El electorado ha acudido a las urnas con un entusiasmo significativamente menor que otras veces: la participación, del 56%, ha sido más baja que la que se registró en las elecciones anteriores del 2003 (62,5%) y de 1999 (el 59,2%). La presencia de Montilla al frente del PSC, en lugar del muy catalanista Maragall, no ha logrado el principal objetivo de movilizar al electorado tradicionalmente abstencionista de su clientela de los cinturones industriales.
De los resultados electorales se desprenden dos conclusiones determinantes. Una primera, que se han cumplido las previsiones que otorgaban a CiU una victoria destacada fraguada en el fracaso del 'tripartito'; CiU y PSC han quedado a una distancia de cuatro puntos, y la peculiaridad del sistema electoral ha primado la representación de CiU en escaños: 48 de CiU por 37 del PSC. La gran sorpresa ha sido la irrupción en el Parlamento de la formación Ciutadans de Cataluña, que ha conseguido tres escaños de electores no nacionalistas, poniendo en evidencia la crisis interna del PSC. La segunda conclusión, un tanto paradójica, es que el panorama político se asemeja al resultante de las elecciones de 2003. La matemática electoral permite, como entonces, tres hipotéticas coaliciones: el 'tripartito' formado por el PSC, ERC e ICV (70 escaños); la que ha dado en llamarse 'sociovergente' CiU-PSC (85 escaños) y la nacionalista CiU-ERC (69 escaños, uno más de la mayoría absoluta). La que no sería posible es la coalición CiU-PP, que no alcanza esos 68 escaños indispensables. Así las cosas, se prevé una digestión compleja de estos resultados hasta que decante la mayoría que habrá de encargarse de la implementación del nuevo Estatuto, que requiere arduas y difíciles negociaciones con Madrid y, aunque ninguna fórmula puede descartarse todavía, todo indica que la llave del futuro está en manos de los socialistas, de Montilla y del presidente Zapatero. Con todo, la coalición CiU-ERC parece altamente improbable (Pujol la rechazó en 1995), por lo que las opciones reales son las dos restantes, en las que interviene el PSC. En el 'tripartito', Montilla sería president de la Generalitat; en la solución 'sociovergente', tan sólo 'conseller en cap'. En este sentido, los intereses del PSC estarían en contradicción con los del PSOE, ya que Zapatero se vería mucho más arropado, en lo que queda de legislatura y en el futuro en general, haciendo sociedad con la moderada CiU, lo que le permitiría prescindir del apoyo radical de Esquerra. En todo caso, los resultados obtenidos sugieren la conveniencia de la 'gran coalición' o cuando menos de un pacto de gobernabilidad CiU-PSC, que probablemente respondería mejor que el desacreditado 'tripartito' al sentido general del voto y que se justificaría plenamente por el hecho de que esta legislatura deberá ser la del desarrollo del nuevo Estatuto.
