LAS sucesivas ampliaciones de la UE hacia los países del Este están poniendo a prueba la vocación europeísta de los miembros de la UE. Como ocurrió hace poco con la ampliación a veinticinco, la entrada de nuevos miembros el próximo 1 de enero ha suscitado la alarma frente a una posible 'invasión' de trabajadores rumanos y búlgaros y, por ello, el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha establecido una moratoria temporal -prevista en la legislación de UE- por la que se impedirá la entrada de trabajadores de esas dos naciones hasta 2009. La medida afectará, en primer lugar, al casi medio millón de ciudadanos de ambos países que, aunque de manera irregular, residen en nuestro país y esperaban poder ejercer sus derechos de residencia y trabajo. Lógicamente, tanto la Federación de Asociaciones de Rumanos en España como la Asociación de Inmigrantes Búlgaros han lamentado estos temores y los han calificado de injustificados. Han sido los sindicatos españoles, UGT y CC OO, quienes sí la han respaldado. En ningún ámbito se ha puesto en cuestión la legalidad de la medida, usada ya en el pasado, especialmente contra Polonia. Las críticas vienen por la forma en que se ha hecho y, sobre todo, por las pobres excusas en las que se basa. Mientras que el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, lo daba por hecho, el otro responsable de la medida, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, declaraba que no había nada decidido y que habría que estudiarlo con más detalle. Ha quedado bien patente el poder de los sindicatos como grupos de presión; y es que la implantación artificial de barreras de entrada en los mercados de trabajo, en esta ocasión contra ciudadanos de pleno derecho de UE, es en realidad un perjuicio, no sólo contra los entrantes potenciales, sino contra todos los españoles que se beneficiarían de una fuente de trabajo abundante y barata.
