El Ministerio de Medio Ambiente autorizó ayer, en el Consejo de Ministros, la firma de un convenio de colaboración a través de la Confederación Hidrográfica del Norte, con el Gobierno del Principado y el Ayuntamiento de Ribadesella para desarrollar el proyecto de encauzamiento del río San Pedro. De este modo, se da un paso más para su ejecución, después de que el pasado junio el Ministerio sacara a licitación el proyecto.
Las obras, que cuentan con un presupuesto de 2.925.710 euros, pretenden paliar la situación del tramo bajo de este río hasta su desembocadura en el Sella, puesto que presenta una sección hidráulica insuficiente y numerosas deficiencias estructurales. Estas circunstancias hacen que se produzcan importantes desbordamientos en avenidas que provocan constantes inundaciones en la zona en épocas muy lluviosas. Es una vieja aspiración de vecinos y ayuntamiento que ha experimentado numerosos retrasos debido a las dificultades técnicas que presenta su ejecución. Tendrá que abrirse toda la calle para devolver el río a su cauce original.
La firma del convenio ya había sido autorizada en diciembre de 2005, con un plazo de ejecución que abarcaba las anualidades de 2005 y 2006. Sin embargo, no fue suscrito en esa época y ahora se vuelve a autorizar la firma con el texto modificado. La financiación correrá a cargo de la Confederación Hidrográfica del Norte en el 70%, mediante aportaciones procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y el 30% restante será aportado mediante transferencia a la Confederación, por parte del Principado (70% de la cantidad) y el Ayuntamiento de Ribadesella (30%).
Canal de 250 metros
La actuación está enmarcada dentro de las actuaciones del Plan Hidrológico Forestal, Protección y Regeneración de Enclaves Naturales, declaradas de interés general. Consiste en la construcción de un canal de 250 metros a lo largo de la calle de Darío de Regoyos hasta su desembocadura en la ría, a la altura del puerto deportivo.
El convenio que suscribirán las tres administraciones tendrá una duración de dos años, con posibilidad de prórroga en caso de que las obras no se hubieran finalizado para entonces.