El grupo municipal socialista presentó ayer alegaciones a los últimos cinco convenios urbanísticos en el registro municipal. En las consideraciones previas del escrito se critica que el equipo de gobierno «ha sido incapaz de aprobar, desde junio de 2003, el Plan General de Ordenación Urbana, dejando pasar tres años para presentar cinco convenios que mete por la puerta trasera». En opinión de los socialistas, los convenios «ni siquiera están completos, ni su publicación es íntegra».
En las alegaciones se puntualiza que «hay que lamentar que la rentabilidad de los promotores es evidente y, sin embargo, la rentabilidad del Ayuntamiento es difusa y cuestionable». Se asegura, asimismo, que se introducen «cuestiones que han sido rechazadas y recurridas por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA).
Con respecto a los convenios se afirma que el que se propone con Promociones Alarre no contiene ninguna previsión de equipamiento público con cargo a la nueva urbanización, ni reserva de suelo para vivienda en régimen protegido, a cambio de un incremento del valor del suelo de 700.000 euros por una finca cuyo valor de compra no costó más de 50.000 euros, para un beneficio para el promotor después de su construcción de 6.720.300 euros.
En el caso del convenio propuesto con Asproast en el Sapu I, el grupo municipal socialista estima que se pretende otorgar una edificabilidad de 24.105 metros cuadrados de suelos, que son propiedad del Ayuntamiento, «en beneficio de los promotores, que no son los propietarios originales y que siguen engordando la edificabilidad».
Las alegaciones presentadas contra el convenio con Excavaciones Ortigoso y otros, en relación a la cantera de Molleda, consideran que se generan beneficios para los promotores a costa del Ayuntamiento, a través de »plusvalías que en lugar de ser colectivas se quedarán en manos privadas». Los socialistas rechazan, además, la posibilidad de recalificar 154.000 metros cuadrados, con un aprovechamiento de 46.391 metros cuadrados y como compensación construir una acera y ampliar un vial que, en todo caso debería ejecutar necesariamente la promotora.
Sobre el convenio del Plan Especial de Rehabilitación Integrada (PERI) II se denuncia en las alegaciones la falta de un estudio técnico y económico de la actuación para determinar el correcto ajuste para su ejecución. En este sentido, se añade que se está proponiendo la cesión de patrimonio municipal sin que existan informe técnico ni informe de Intervención.
En las alegaciones presentadas por el convenio de prolongación de la calle de San Pablo, de Las Vegas, se subraya que el Ayuntamiento urbaniza una calle que, en realidad, corresponde urbanizar al propietario. Se denuncia, también que en el convenio se acuerdan aspectos que no son competencia del Ayuntamiento sino de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias.
