VUELVE a sus orígenes -la empresa privada- el astillero de Coroña, que hasta recupera la denominación primigenia -Juliana- tras apenas 40 años dentro del sector público en aplicación de la política franquista de nacionalizar las pérdidas.
Los servicios públicos básicos -la sanidad y la educación obligatoria, sobre todo- nunca deberían estar subordinados, por razones obvias, a criterios economicistas de rentabilidad; en estos casos la única rentabilidad exigible es la social, objetivo compatible con una correcta administración de los recursos, alejada de la irracionalidad y el despilfarro. Cosa distinta es la socialización de ruinas empresariales, habitual en el régimen anterior, que tiene en Hunosa su caso más paradigmático, porque la compañía minera se constituyó con la compra a precio de oro de explotaciones arruinadas a los mismos empresarios que se habían enriquecido con ellas.
Los resultados de esta política, asumidos por el régimen democrático, son enormes inversiones en reprivatizaciones -siderurgia, astilleros- o permanentes pérdidas cuantiosísimas, como en la minería del carbón. Para la inmensa mayoría de los trabajadores existe así, además, un agravio comparativo evidente.
Pero a veces el sacrificio puede merecer la pena. Un ejemplo cercano: los servicios de las empresas municipales de Gijón, EMA, EMTUSA y Emulsa (rebautizada, ahora es Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano, S. A. y conserva el acrónimo de Emulsa) son mejores globalmente, en calidad y costes, que los que en Oviedo, privatizados, formarán, en su día, parte principal de la onerosa herencia gabiniana.
