LA celeridad con que se ha cerrado la coalición que dará a luz un nuevo gobierno tripartito en Cataluña tras las elecciones del 1-N demuestra que dicha fórmula había sido sustancialmente acordada antes de los comicios. A la espera de conocer el programa de gobierno que suscriban los tres partidos, el regreso de Carod-Rovira como número dos del ejecutivo catalán realza el ánimo continuista que inspira dicha alianza. La mayoría parlamentaria resultante relega a la oposición a la formación vencedora de las elecciones, CiU, que acaba siendo víctima de la concurrencia de intereses entre ERC y el PSC e ICV, empeñados en consolidar un ciclo hacia la izquierda en Cataluña. Además, en la decisión del PSC pesa el instinto de supervivencia del propio partido, que hubiera quedado en una posición muy desairada si hubiese aceptado la fórmula 'sociovergente', preferida sin duda por el PSOE.
Siendo una opción legítima, es también patente que el tripartito plantea serios problemas tanto a la solvencia del gobierno de la Generalitat como a la difusa mayoría parlamentaria sobre la que opera el ejecutivo de Zapatero. ERC ha dado tales muestras de radicalismo e inmadurez que, de hecho, llegaron a invalidarla como partido de gobierno. Por eso, resulta paradójico que unos meses después de que optara por el 'no' al 'Estatut' y sus consejeros fuesen cesados por el president Maragall, Esquerra Republicana sea llamada para formar parte del Ejecutivo que deberá hacer realidad el nuevo articulado autonómico. Sólo la expresa moderación de las aspiraciones inmediatas del partido de Carod y Puigcercós y su compromiso de atenerse a lo que el Constitucional establezca respecto al 'Estatut' podría dotar al nuevo Gobierno de una mínima garantía de salida. En cualquier caso, ERC deberá administrar esta segunda oportunidad con la conciencia de que en sus manos está la solvencia del nuevo Ejecutivo o su deriva populista hacia el naufragio.
El presidente Zapatero no ha interferido en la decisión del PSC-PSOE, a pesar de discrepar de ella. La reacción de CiU, retirando el apoyo que venía prestándole en las Cortes Generales, obliga al PSOE a convertir la alianza tripartita en Catalunya en su principal valedora. Lo cual podría beneficiar y centrar al PP, cuya eficacia opositora puede encontrar en CiU tanto un grupo parlamentario coincidente como un posible aliado de futuro. La reedición del tripartito, en tanto que de nuevo se cierra el paso al partido que ganó las elecciones, tiende a convertirse en una doctrina política profusamente defendida durante la campaña catalana. En una democracia parlamentaria el gobierno es constituido por las fuerzas que representen la mayoría del legislativo. Pero la eventual generalización de esta máxima para dejar en la oposición al primer partido podría afectar a la propia democracia en tanto que podría acabar desvirtuando la voluntad de los electores.
