Martes, 7 de noviembre de 2006
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La fiscal sostiene que Trashorras sabía que se iba a cometer «un atentado de envergadura»
Olga Sánchez solicita para el ex minero 38.500 años de prisión por el 11-M de los que por ley cumplirá cuarenta Asegura que la Policía supo desde el primer momento que los autores de los atentados eran terroristas islamistas aunque el Gobierno apuntase al principio a ETA
La fiscal sostiene que Trashorras sabía que se iba a cometer «un atentado de envergadura»
IMPUTADO. José Emilio Suárez Trashorras, momentos antes de sentarse ante el juez en Gijón para declarar en el caso Pipol, el pasado 25 de octubre. / PAÑEDA
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38.500 años de cárcel. Esa es la petición de condena que la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió ayer para José Emilio Suárez Trashorras a quien considera colaborador necesario de los atentados del 11-M. Del ex minero avilesino, en su escrito de acusación, asegura que dirigía la red que suministró la 'goma 2' «sabiendo que podía ser empleada para la ejecución de acciones terroristas de gran envergadura». Cree la fiscal Olga Sánchez que Trashorras conocía el fanatismo de Jamal Ahmidan 'Mowgly' y que a pesar de ello le facilitó los explosivos. A Trashorras le equipara en cuanto a petición de condenas con los tres terroristas que considera al frente de la masacre.

De forma general, la Fiscalía pide al tribunal de la Audiencia Nacional que juzgará los atentados que imponga a los 29 acusados de idear, preparar y ejecutar la matanza del 11-M la mayor condena de la historia: un total de 270.875 años de cárcel. El Ministerio Público ha apurado todas las posibilidades del Código Penal para reclamar una sentencia ejemplar para los autores del atentado terrorista más sangriento de Europa, que el 11 de marzo de 2004 provocó la muerte de 191 pasajeros de cuatro trenes de cercanías madrileños y causó heridas a otros 1.824.

Entre todos los imputados serán procesados por sus distintos grados de participación, además de Trashorras, otros ocho asturianos a los que se considera miembros de la trama de la dinamita. La fiscal pide 23 años para su cuñado Antonio Toro Castro, acusado de colaboración con organización terrorista; cuatro, para su ex esposa y hermana del anterior Carmen Toro Castro, procesada por suministro de explosivos; cinco, por suministro de explosivos para el vigilante de Mina Conchita, Emilio Llano, y ocho, para el minero-artillero Raúl González 'El Rulo', Iván Granados, Javier González 'El Dinamita', Sergio Alvarez 'Amocachi', y Antonio Iván Reis por asociación ilícita y suministro de explosivos.

El también asturiano Rubén Iglesias queda en libertad sin cargos y G. M. V. 'El Gitanillo' se encuentra internado en un centro de menores.

También serán llamados a declarar varios asturianos. Entre ellos los hermanos mineros Gonzalo L. G. y Ramiro L. G.; el encargado de la empresa Canela Seguridad que hacía el reparto de explosivos desde el depósito de Columbiello a Mina Conchita en Salas, Elías G. G.; el ex testigo protegido Francisco Javier Lavandera Villazón y el guardia civil Jesús Campillo.

Una orden de Bin Laden

El escrito de la Fiscalía, de 340 folios, considera probado que la masacre de Madrid es un atentado ejecutado en exclusiva por una célula salafista local, alentada y dirigida por importantes terroristas de la red Al-Qaida en Europa. Los fundamentalistas ejecutaron la orden dada el 18 de octubre de 2003 por Osama Bin Laden, mediante un comunicado televisado por Al Yazira, en el que declaró a España objetivo prioritario de la violencia, por el apoyo de su Gobierno a la invasión estadounidense de Irak.

La fiscal Olga Sánchez es la responsable de la investigación y autora del escrito de acusación, visado y aprobado por su superior inmediato, Javier Zaragoza, y por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Su escrito recoge cómo los múltiples informes realizados por los servicios de inteligencia de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Ertzaintza «permiten descartar definitivamente» y de forma «concluyente» la participación de ETA.

Los informes citados analizan y cruzan todos los datos obtenidos durante la investigación del 11-M con los de las bases sobre ETA, comparan los explosivos y los artefactos usados por las dos organizaciones, y examinan las comunicaciones de reclusos de ambas bandas. El resultado es que «no existe ningún tipo de vinculación, relación o contactos con ETA».

Además en la casa de uno de los terroristas que se inmolaron en Leganés, Jamal Ahmidan, el contacto de Trashorras, se halló un escrito que reivindicaba la matanza del 11-M, el 13 de marzo, el día anterior a las elecciones generales, para acabar con el Gobierno del «innoble Aznar». El escrito señala que la masacre fue pensada y promovida en 2003 por Youssef Belhadj, el jefe militar de Al Qaeda en Europa y la persona en nombre de quien se reivindicaron los atentados; Rabei Osman al Sayed, 'Mohamed el Egipcio'; Hassan el Haski, uno de los jefes de Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM); y Serhane 'El Tunecino', jefe ideológico del comando que voló los trenes y uno de los siete suicidas de Leganés.

Por otro lado ayer fue detenido en Madrid uno de los procesados del 11-M que había quedado en libertad provisional. Se trata del argelino Nasreddine Bousbaa 'Nasser', considerado el falsificador de los documentos empleados por los terroristas.

 
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