La Guardia Civil de Salas detectó el 1 de marzo de 2004, sólo diez días antes del 11-M, la falta de una partida de 50 kilogramos de 'goma 2 ECO' en los registros documentales de Mina Conchita. Así se especifica en el escrito de acusación elaborado por la fiscal Olga Sánchez, que detalla que Emilio Llano, vigilante de la explotación e imputado por suministro de explosivos, justificó «verbalmente» el error. Aseguró a los agentes que la voladura realizada ese mismo día «fue de 200 kilogramos en lugar de los 150 kilos reseñados en el libro de control».
El 1 de marzo, justo después del viaje de Jamal Ahmidan 'El Chino' a Asturias para recoger parte de la dinamita que supuestamente habría sustraído José Emilio Suárez Trashorras, llegó a Mina Conchita una partida de 300 kilogramos de 'goma 2 Eco'. Al mismo tiempo, argumenta la fiscal, Llano justificó documentalmente un gasto de 150 kilogramos. «Los ajustes reflejados en el libro de control, teniendo en cuenta los 100 kilos que había del mes anterior, mostraron la falta de 50 kilos de explosivos».
El error, de hecho, fue detectado por la Intervención de Armas de la Guardia Civil de Salas, que pidió explicaciones a Llano. Éste, «verbalmente», tal y como entrecomilla la fiscal del 11-M en su escrito, se remitió a los datos de la voladura realizada ese mismo día, de 200 kilos y no de 150, para justificar la discordancia.
La conclusión que Olga Sánchez obtiene de esta situación es clara. «Con la finalidad de ocultar la sustracción de explosivos llevada a cabo por el grupo de Suárez Trashorras», sentencia, «se reflejó un error documental de 50 kilogramos de explosivo en las anotaciones realizadas por el acusado Emilio Llano en el libro de registro de detonadores y explosivos de Mina Conchita».
El vigilante minero es, en todo caso, uno de los imputados por la 'trama asturiana' para quien la Fiscalía pide una pena más moderada, cinco años. Sin embargo, el papel que se le atribuye es, a la luz del escrito de acusación, bastante relevante: «Era perfectamente consciente de la posible utilización de los explosivos para fines ilícitos y omitió cualquier control y vigilancia». En esta línea, la fiscal expone cómo la tónica habitual a la hora de certificar en los libros de control la dinamita utilizada en las voladuras era el uso de cifras 'redondas' -100 kilos, 200 kilos...- y, a partir del 18 de marzo de 2004, fecha en que se detiene a Trashorras, Llano pasa a anotar al detalle el explosivo utilizado (25 kilos, 45 kilos...) y los detonadores (71, 179...).
Los argumentos que Olga Sánchez planteará en el juicio respecto al origen asturiano de los explosivos y su transporte a Madrid presentan, por otro lado, algunas novedades respecto a lo establecido en el sumario del juez Juan del Olmo. En primer lugar, porque la Fiscalía sólo puede certificar con seguridad la salida de «al menos 90 kilos de los explosivos utilizados por los terroristas», cuando en un principio se venía hablando de unos 200 kilogramos.
¿Por qué este desfase? Porque, según dice la fiscal, esos 90 kilos se corresponden con los 594 envoltorios de cartuchos de 'goma 2 Eco' hallados en el piso de Leganés en el que se inmolaron los terroristas tras ser descubiertos por la Policía. Los 90 kilos salieron de Mina Conchita «en un breve espacio de tiempo, no superior a cinco semanas», que coinciden con fechas muy próximas a la ejecución de los atentados. En concreto, entre el 23 de enero de 2004 y el 29 de febrero.
«Intervención decisiva»
Teniendo en cuenta que en torno a 70 de esos kilos «podrían haber ido empaquetados en sus embalajes originales», la fiscal concluye que la «pérdida» de la dinamita «sólo pudo ser llevada a cabo por personal laboral de la mina», con una «intervención decisiva» de Emilio Llano «por la desatención en el control de explosivos y detonadores».
Olga Sánchez también señala que Trashorras ordenó el transporte de varias partidas de dinamita hacia Madrid a través de correos que viajaban en autobús, aunque admite que en dichos envíos «no se puede precisar la cantidad transportada».
El escrito de acusación también detalla el sistema utilizado para desviar la dinamita. «De manera periódica», relata el documento, «se sustraían cartuchos y detonadores que se iban colocando en determinadas zonas protegidas en las inmediaciones de la explotación minera, para finalmente ser recogidas en los lugares que habían acordado previamente» con el grupo de Suárez Trashorras.
