El pleno de la Junta General del Principado aprobó ayer la nueva Ley autonómica de Carreteras con el apoyo de los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno, PSOE e IU, y el respaldo del PP a la práctica totalidad del texto normativo. Tras el trámite parlamentario, el Grupo Popular reservó únicamente dos enmiendas al Proyecto de Ley para su debate en el pleno, ambas relativas a lo previsto en el artículo 22, que abre la posibilidad de imponer «contribuciones especiales» a los beneficiarios de la ejecución de las obras de construcción de carreteras, accesos y vías de servicio.
Dicho artículo reproduce otro de la normativa estatal que establece que serán sujetos pasivos de estas contribuciones especiales quienes se beneficien «de modo directo» y especialmente «los titulares de las fincas y establecimientos colindantes, y los de las urbanizaciones cuya comunicación resulte mejorada». Según el Gobierno, esta posibilidad se incluyó «para supuestos específicos muy concretos», a sabiendas de que lo previsto en la ley estatal en este sentido nunca ha llegado a aplicarse.
Para el diputado del PP Pelayo Roces, que defendió las enmiendas de su grupo en las que se pedía la supresión de dicho artículo y que fueron rechazadas con el voto en contra de PSOE e IU, la contribución especial es una figura «que carece de virtualidad» después de no haber sido utilizado nunca «en tiempos pasados». A su juicio, la aplicación de dicho tributo supondría «un agravio» para el contribuyente que se viera obligado a sufragarlo e incidió en que la existencia de beneficio o el aumento de valor de un bien privado es consustancial a cualquier mejora que acometa la Administración en la prestación de servicios.
El texto incorpora, además, a propuesta de Izquierda Unida, una disposición adicional que plantea que en las obras de ejecución y restauración que se realicen en las carreteras de la red autonómica se favorezca la utilización de materiales y productos reciclados como residuos de demolición, compost u otros.
Amplio consenso
El consejero de Medio Ambiente, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Francisco González Buendía, se congratuló del amplio consenso alcanzado por la ley, tanto en su trámite parlamentario como en el proceso de elaboración del texto seguido por el Gobierno antes de remitirlo a la Cámara autonómica. Buendía subrayó la «actitud constructiva» de los grupos parlamentarios durante el periodo de presentación de enmiendas y la contribución de los servicios jurídicos de la Cámara, cuya labor fue destacada también por los portavoces de PSOE, IU y PP.
La nueva normativa renueva la aprobada en Asturias hace veinte años -«lo que constata la madurez de la autonomía», según Buendía- que se basaba en la legislación estatal aprobada en 1974 y que resultaba inadecuada, ya que no tenía en cuenta las singularidades orográficas de la región. Así, el texto contempla la posibilidad de que las canalizaciones de las carreteras donde haya poco espacio vayan por debajo de los arcenes, actuación que la normativa vigente hasta ahora consideraba como algo excepcional.
La ley refunde la normativa que hay en materia de carreteras y plantea una visión integrada de la red de carreteras que discurren por territorio asturiano, tanto de titularidad regional como municipal, para conseguir su «óptima» planificación, proyección, conservación y gestión.
El texto recoge criterios de ámbito general, pero también la necesidad de evaluar los expedientes, caso por caso, de forma que la seguridad vial prime sobre otros factores a la hora de su resolución, y profundiza en la problemática de los núcleos rurales y en el respeto al medio ambiente.
En la misma sesión plenaria, el PSOE e IU rechazaron la moción presentada por el PP para que el Gobierno retirase la difusión del programa de información sobre drogas Zona Clave de su página web. El PP lo considera un «riesgo evidente» para la salud de los jóvenes, y el PSOE e IU tacharon por ello a los populares de «alarmistas». También se aprobó por unanimidad una moción del PP, con enmiendas de PSOE e IU-BA para instar al Consejo de Gobierno a presentar, antes de que finalice el presente periodo de sesiones, el Plan autonómico de inclusión social en coherencia con la ley regional.
