EL ex secretario de Estado de Seguridad en el último Gobierno de Aznar, Ignacio Astarloa, ha desvelado la estrategia que promovería un Gobierno presidido por Mariano Rajoy en caso de producirse la alternancia tras las próximas elecciones generales. Al parecer, la dirección nacional del PP propondría una reforma de la Constitución para corregir la situación creada con la aprobación de las últimas reformas estatutarias. Se trataría de volver a la tradicional situación de preeminencia de la Constitución sobre los estatutos, dado que esa superioridad jerárquica se ha perdido desde el momento en que hay reformas estatutarias que han invertido la situación: marcan las obligaciones que tiene el Estado en materia de inversiones y dejan al Gobierno central sin ámbito de competencia, al blindar las atribuciones de las comunidades autónomas. Frente al federalismo asimétrico de Zapatero, la dirección del PP reivindica el orden de los primeros veinticinco años del Estado autonómico.
La propuesta de Astarloa suscita una adhesión espontánea, dada la deriva que ha tomado el modelo territorial. Lo que ya no causa ningún entusiasmo es la postura que ha seguido el PP frente a las reformas estatutarias tras la aprobación del 'Estatut'. Sin grandes alharacas, el PP ha dado un giro para aceptar las propuestas de los socialistas, aunque introduciendo algunos matices. El miedo a repetir la situación de aislamiento social y político que vive en Cataluña ha llevado al PP a adoptar una postura más dúctil, de forma que se mantiene el discurso de partido nacional, pero aceptando algunas cláusulas tan insólitas como la de obligar al Estado a que realice obra pública en función de los habitantes de una comunidad autónoma, o como en el caso de Baleares, a invertir en nombre de entelequias como la supuesta existencia de una pretendida deuda histórica: debe ser muy histórica esa deuda, porque Baleares lleva casi cinco décadas creciendo por encima de la media nacional.
Algunas organizaciones regionales del PP han entrado en la dinámica propuesta por Zapatero al elevar el listón de las exigencias hasta el punto de convertir los estatutos de autonomía en pequeñas constituciones. Pero lo más grave no es que tal o cual organización del PP actúe con reflejo neonacionalista, sino que los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado del PP respalden esos textos de máximos de dudoso encaje constitucional y de imposible gobernabilidad. Astarloa propone una rectificación general ante tantos disparates concretos. Démosle la razón, a condición de que la dirección nacional del PP reconozca su parte de culpa en el desaguisado por no rechazar el blindaje de ríos o el vaciamiento de las competencias del Estado.
¿Y cómo se realice una reforma constitucional? Hay una condición ineludible: el pacto entre el PSOE y el PP, que en esta legislatura suman 312 diputados sobre los 350 escaños del Congreso de los Diputados. Con los dos grandes partidos de acuerdo, los problemas del modelo territorial, como los de la lucha contra el terrorismo, se solucionan. Pero el problema está en que la entente entre los dos grandes partidos es una quimera. Desde la sexta legislatura (1993-1996), el antagonismo de los dos grandes partidos dio un salto cualitativo y la fortaleza del Estado se fue diluyendo. Una afirmación tan sencilla como la anterior nunca he tenido ocasión de oírla o leerla, y sin embargo es tan manifiesta que llama la atención cómo no se asocia directamente la solidez del Estado al consenso de los partidos nacionales sobre unas cuantas cuestiones clave: la distribución territorial del poder, la educación, la homogeneidad del espacio fiscal, el igualitarismo del modelo sanitario, la unidad frente al terror. Los partidos nacionalistas serían unas figuras menores de la vida política española si el PP y el PSOE estuvieran de acuerdo en los conceptos básicos. Tan irresponsable es la alianza del PSOE con ERC, o el diálogo sin límites con Batasuna, como lo fue la táctica del PP de abrir en canal los servicios de inteligencia de Felipe González, como método para llegar al Gobierno.
