La USPC opina que los cinco convenios urbanísticos aprobados recientemente por el Ayuntamiento de Corvera «están dentro de la más estricta legalidad, y suponen, por primera vez en la historia reciente del municipio, la obtención de beneficios derivados de la gestión urbanística». Así lo aseguró la concejala de Hacienda, Ana Belén Toro Crespo, que en los últimos días ha salido en defensa de la actuación de su partido ante las críticas y alegaciones a los documentos urbanísticos hechas tanto por parte de los socialistas como de Izquierda Unida.
La edil aseguró que el PSOE e IU «están diciendo mentiras en relación a los últimos cinco convenios urbanísticos aprobados». Toro Crespo señaló que «queremos recordar que el Partido Socialista fue el responsable de los doce últimos años de nefasta gestión urbanística en el concejo de Corvera».
Además, también criticó a Izquierda Unida, organización que ha presentado alegaciones a los convenios como también lo hizo el PSOE. A juicio de la edil, «IU ha sido el consentidor y cómplice de la actuación de los socialistas».
La concejala indicó que «la pérdida de dinero para el Ayuntamiento ha sido la tónica de las actuaciones urbanísticas desarrolladas en las últimos tres mandatos del gobierno municipal socialista».
Beneficios a promotores
La edil apuntó que los socialistas deberían explicar porqué beneficiaron con 1,3 millones de euros a los promotores de Parque Astur y con 1,5 millones de euros a los promotores de la urbanización del barrio de La Estrada (SAPU VIII), «y como consecuencia de ese regalo ni siquiera se consiguió la pasarela sobre las vías del tren de la Renfe». Es más, recordó que «la empresa constructora se declaró en quiebra».
Por otro lado, Toro Crespo afirmó que el Partido Socialista en Corvera «debería explicar porqué se perdieron más de 600.000 euros por la urbanización de El Bosquín».
La concejala denunció que en la unidad de actuación de las calles de Sebastián Miranda y de Arlós, de Las Vegas (PERI II), se dividió la actuación en dos, «dejando todas las cargas a los vecinos más humildes y permitiendo que un promotor construyese un edificio de noventa viviendas utilizando la mitad de toda la actuación, pero sin ninguna carga para sus bolsillos».
Además, en opinión de la edil, «el PSOE incumplió constantemente la Ley que exige que se hagan informes comerciales cuando se negocian aprovechamientos urbanísticos».
