LO que late en el fondo de la cuestión de las denuncias del 'multamóvil' es el cumplimiento o no de una norma legal en plena vigencia. Se puede pedir una mejor distribución del espacio disponible en la vía pública para carga y descarga de mercancías, incluso la ampliación de la superficie total de ese espacio, y entra en lo razonable que el Ayuntamiento se muestre receptivo a los planteamientos que se le hagan en este aspecto. Pero de ningún modo sería admisible la claudicación ante las imposiciones de grupos de presión de muy limitada representatividad ni la concesión de patentes de corso o bulas gremiales para permitir lo que no se tolera al ciudadano corriente.
Ceder ante posturas de chulería al cubo, sustentadas en amenazas de «paralizar la ciudad», sería un pésimo ejemplo, ilustrativo del éxito de la agresiva e impune liberalidad con que se exigen o ejercen presuntos derechos corporativistas o sectoriales en esta comarca donde parece levantada la veda de toda autoridad legítimamente constituida.
Las leyes hay que cumplirlas -o cambiarlas- y la actuación del 'multamóvil' no tiene por qué ser una excepción ni discriminar entre infractores.
La realidad, sin embargo, no invita al optimismo en este orden de cosas. Ahí está el caso de la 'ley antitabaco', norma legal de superior rango, masivamente incumplida. En Asturias la observan los pesos pesados de la restauración y los pequeños negocios de menos de cien metros cuadrados de superficie. En el resto hay un océano de infracciones, que quedan a beneficio de inventario gracias al talante de pasividad exhibido por la Administración competente.
