HACE unas pocas semanas se preguntaba Juan Neira si existía la posibilidad de que en nuestras próximas elecciones se diese un movimiento similar al de Ciutadans en Cataluña, esto es, que un grupo de individuos sin encomendarse a ninguna estructura política al uso fuese capaz de obtener representación parlamentaria en apenas tres meses. Pues bien, sin pensarlo mucho ya le doy la respuesta: querido Juan, va a ser que no. Nuestra sociedad, como luego comentaré, no se parece en nada a la catalana y si aquí simplemente saliese un cartel electoral con el candidato desnudo tapando únicamente sus vergüenzas (el utilizado por este partido, recuerden), no pararían de ridiculizarlo por todos los chigres en cien kilómetros a la redonda. Nuestras motivaciones, el electorado o, sencillamente, la manera en la que está compuesto nuestro Parlamento es tan diferente que no cabe ningún paralelismo posible. Pero, para que vean cuán distinta es nuestra situación, piensen en las siguientes cuestiones.
Estoy profundamente convencido de que el éxito del Partido de la Ciudadanía se basa en una poderosa fuerza motriz a la hora de movilizar al votante: el odio. Sí, entendido éste como el rechazo a una situación que no les gusta y que quieren cambiar a toda cosa. Así, los votos recogidos por esta formación representan el más profundo rechazo hacia un nacionalismo asfixiante que les obliga, por un lado, a hablar en la lengua que ellos quieren y, por otro, a considerarles de segunda categoría por no ser como ellos. Si ponen esta impresionante maquinaria a trabajar y, encima, ninguno de los partidos que podrían representar una alternativa saben captar este sentimiento, pues sale precisamente eso: un grupo de ciudadanos que, si ninguna infraestructura, encuentran el refrendo popular. En cambio, piensen en la situación asturiana. Aquí, y son datos no opinables, ocho de cada diez familias viven en torno a una pensión de jubilación, prejubilación o invalidez. Si uno de cada tres asturianos es pensionista de forma directa, ¿qué creen que puede motivarle a la hora de votar? Pues, básicamente dos cosas: una, que su pensión no se vea interrumpida o mermada, y dos, el estado de los servicios de salud. De lo primero hay que decir que, si algún político asturiano se atreviese siquiera a no subirlas, obtendría un rechazo mucho mayor que el del nacionalismo catalán. Y de lo segundo, si más del 65% del presupuesto es gasto social, tenemos casi un centro de salud a la puerta de casa, y nuestros servicios públicos en esta materia son de los mejores; ¿creen que el ciudadano asturiano cambiaría su voto hacia un supuesto grupo nuevo que no defendiese estas políticas? Si tanto la izquierda como la derecha santifican este modelo de protección pública total basado en el: «no te preocupes, ya cuidamos nosotros de ti», ¿qué tipo de descanto podría captar alguien para entrar en nuestro Parlamento?
El 'lobby' jubilado, querido Juan, es el que marca toda la política asturiana. Piensen que, salvo espúreas excepciones, casi todas las legislaturas se repite más o menos el mismo resultado. Piensen que nuestros gobernantes se acaban convirtiendo siempre en meros gestores de fondos que se dedican a buscar dinero público (ora presupuestos estatales, ora fondos mineros) para que así el modelo se perpetúe hasta el infinito y, cuando tienen que demostrar su verdadera faceta política, es decir, su visión de futuro hacia nuestra comunidad, se acaban encasquillando como sucede con el tema de la reforma del Estatuto. En fin, quiero terminar un poco como comencé: lo que mueve a cambiar el voto de los ciudadanos es el rechazo (ver el 14-M). En una Asturias acomodada, donde todas las políticas tienen que converger a la fuerza hacia el sistema público, ¿qué preocupación puede haber que no sea su mantenimiento?
