LA pirámide que constituye el servicio público de salud debe sostenerse sobre la amplia base de la atención primaria. La eficacia del sistema y la contención de su coste dependen de las posibilidades que tenga la medicina de familia para atajar aquellas patologías que no requieran la intervención de las diversas especialidades clínicas y para detectar a tiempo síntomas que permitan un diagnóstico precoz de enfermedades graves. El pasado viernes los médicos de familia de nueve comunidades autónomas fueron llamados a una huelga de 24 horas en demanda de 10 minutos de atención a cada paciente. Los profesionales de medicina general y los de pediatría llevan más de un año llamando la atención sobre el deterioro de las condiciones en las que se ven obligados a desarrollar su función sanitaria. Su inquietud refleja una realidad desigual, dependiendo de la comunidad autónoma de que se trate. Y es cierto que no se detecta un descontento generalizado entre los usuarios, que orientan sus quejas hacia la demora en obtener cita de especialidad o en que se les fije fecha para una intervención quirúrgica. Pero la protesta, impulsada por la denominada 'Plataforma 10 minutos' y que contó con el respaldo de la Organización Médica Colegial y de algunos sindicatos, ha hecho patente una reivindicación que las autoridades sanitarias están obligadas a considerar independientemente del eco alcanzado por la convocatoria de paro.
El sistema sanitario español está soportando una demanda social que aumenta día a día por encima del incremento presupuestario y de la dotación de personal. Dicho aumento se debe fundamentalmente a la integración de un número creciente de inmigrantes en el sistema y al paulatino envejecimiento de la población. Al margen de las aspiraciones gremiales que refleja toda protesta en el sector público -que siempre han de contrastarse con el interés común a la ciudadanía- es evidente que cualquier mejora en atención primaria repercutirá positivamente en el conjunto del sistema sanitario.
