Diecinueve testigos declararán sobre la trama asturiana de la dinamita en el juicio del 11-M, que comenzará a celebrarse el próximo mes de febrero en Madrid. La fiscal Olga Sánchez citará para dar su versión de los hechos acontecidos en el Principado desde el 2001, fecha en que se localizó 'goma 2' en el garaje de Avilés que supuestamente compartían Trashorras, Toro y el 'Nayo', a cuatro testigos protegidos y ocho integrantes de las fuerzas de seguridad, además de otras personas relacionadas con distintos aspectos de la investigación. Entre quienes serán llamados por la Fiscalía se encuentra el confidente Francisco Javier Lavandera Villazón; el ex jefe del grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Avilés, Manuel García; el agente de la Guardia Civil Jesús Campillo o el alférez de la Benemérita 'Víctor', que tenía como confidente a Rafá Zouhier.
La última parte del escrito de la fiscal se dedica en buena medida a relatar los interrogatorios y declaraciones de los testigos previstos para los más de cuatro meses que, según las expectativas actuales, se prolongará el proceso. Uno de esos apartados se dedica de forma específica al caso de la trama de los explosivos, que tiene Asturias como epicentro y sobre la que darán su versión todas las personas que, de una u otra forma, tienen algo que aportar al respecto.
Trashorras y Toro
El documento de Olga Sánchez plantea, en primer lugar, la declaración de cinco testigos protegidos. Sólo cuatro de ellos, sin embargo, mantienen dicha categoría, ya que el quinto no es otro que Francisco Javier Lavandera, a quien el juez Del Olmo retiró tal condición. El testimonio de Lavandera será uno de los ejes de la Fiscalía, dado que fue quien denunció que Antonio Toro y José Emilio Suárez Trashorras se dedicaban a ofrecer explosivos y buscaban a alguien para fabricar bombas con móviles.
En cuanto a los testigos que sí mantienen la categoría de protegidos, Sánchez llevará al estrado a una cajera de un supermercado de Avilés donde se habrían comprado las mochilas que transportaron las bombas utilizadas en los atentados, así como a dos personas que hablarán de tres de los imputados: Trashorras, Raúl González 'Rulo' y Sergio Álvarez 'Amocachi'. El apartado más amplio de las pruebas testificales tiene que ver con las fuerzas de seguridad. Algunas de las declaraciones serán una ampliación de las ya escuchadas en el juicio de la 'operación Pipol' que se desarrolla en estos días en Gijón, caso del jefe del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Avilés, Manuel García, para quien Trashorras trabajaba como «colaborador», tal y como admitió ante el juez Bernardo Donapetry. En la misma situación se encuentra el guardia civil Jesús Campillo, que grabó las acusaciones de Lavandera contra Trashorras y Toro sobre el tráfico de explosivos.
Análisis del instructor
A estos testimonios, más o menos ya conocidos, se sumarán otros nuevos. Es el caso del alférez 'Víctor', de la Guardia Civil, que tenía como confidente a uno de los imputados en el 11-M, el marroquí Rafá Zouhier. En la misma situación están los comisarios de la Policía que se desplazaron a Asturias para rastrear la trama de explosivos o el capitán de la Guardia Civil que se encargó de la instrucción de las diligencias de la investigación.
Los requerimientos de la Fiscalía incluyen a varias personas vinculadas a otros aspectos de la investigación. En este sentido, se pide la comparecencia de Lofti Sbai, amigo común de Zouhier y Trashorras, y de G. M. V. 'El Gitanillo', que era menor cuando sucedieron los hechos y ya fue condenado por transportar explosivos a Madrid en autobús. Asimismo, hablará Manuel Ángel Menéndez Quintana, a quien Trashorras le encargó una matrícula para el vehículo Toyota Corolla con el que se transportaron explosivos a Madrid. También se requiere la presencia de Elías González Gancedo, encargado de la empresa Canela de Seguridad, que transportaba explosivos a Mina Conchita, y de los mineros Gonzalo López y Ramiro López, detenidos en su momento y que ahora comparecerán como testigos.
Testigos al margen, Olga Sánchez presentará al tribunal un buen número de pruebas periciales, entre las que destaca el informe médico-psiquiátrico de Trashorras y un vídeo sobre una inspección realiza en Mina Conchita en junio de 2004.
