«Todos los concejales que estuvieron en el pleno del 28 de marzo y en la anterior comisión informativa saben que Ana Belén Toro no mintió, sino que lo hace ahora el alcalde». Así concluyó ayer Enrique Bueno su interpretación de la comparecencia del primer edil corverano en los juzgados de Avilés, el pasado martes, en relación a la participación municipal en las obras de ampliación de la Cooperativa Agropecuaria. El concejal de IU acusó a Luis Belarmino Moro no sólo de mentir, sino de haber desautorizado en su declaración a la concejala de Hacienda, que en su día explicó que la colaboración municipal respondía al riesgo de que la Cooperativa pudiera perder una subvención si los trabajos no finalizaban en el plazo previsto. «Que ahora el alcalde diga que Toro se equivocó y que las obras se realizaron como una contraprestación es un burdo montaje», subrayó Bueno.
Izquierda Unida interpreta que, al desautorizar a la concejala (que en aquel pleno actuó como alcaldesa en funciones), Moro la está acusando de mentir, «en un acto de cobardía política». Por ello, Enrique Bueno la instó ayer a «dimitir» o bien a «contradecir a Moro, si tiene un mínimo de dignidad», señaló. Bueno comentó que «parece increíble que para salvarse él tenga que humillar a su fiel concejala», después de que él mismo no acudiera al polémico pleno en el que, según el portavoz de IU, el equipo de gobierno «engañó» a los cooperativistas para presionar a los concejales de su partido y e intentar evitar la denuncia.
«Ilegalidad manifiesta»
Por otra parte, el portavoz municipal de Izquierda Unida (que compareció en rueda de prensa acompañado por el coordinador general del partido en Corvera, Rogelio Crespo) contestó también a las afirmaciones del alcalde en el juzgado, en las que calificaba este tipo de actuaciones «de palabra» como «habituales» en los concejos pequeños. «Corvera no es ningún municipio pequeño, tiene 16.500 habitantes. Y el procedimiento legal no habla de concejos pequeños ni grandes, sino de un sistema de control que debe pasar por informes técnicos y que debe ser aprobado por el órgano competente», matizó. Y continuó. «Precisamente, este mecanismo se estableció para evitar el triste espectáculo que se da en este país por parte de concejales y alcaldes que cobran comisiones. En este caso, se cae en una ilegalidad manifiesta que favorece todo tipo de complicidades».
Para Izquierda Unida, la declaración de Luis Belarmino Moro ante la jueza que instruye el caso, María Asunción Velasco, ha puesto de manifiesto su culpabilidad. «El alcalde podía haber explicado que se trataba todo de un error, pero ahora sí que ha quedado claro que detrás de estas obras hay oscuros intereses», subrayó.
