La decisión de algunas fiscalías de aplicar sanciones penales para los alumnos que agredan a profesores, como funcionarios públicos en el desempeño de su cargo, ha abierto una nueva brecha entre la enseñanza pública y la concertada. La Organización de Trabajadores de la Enseñanza Concertada de Asturias (Otecas) manifestó ayer su preocupación ante la posibilidad de que esta medida se acuerde dentro de un marco legal general, ya que supondría un «trato claramente discriminatorio para los profesores de los centros concertados».
El secretario de Acción Sindical de Otecas, Juan Luis Barrera, aseguró que a nivel estatal «entre el 20 y 25% del servicio público educativo se imparte en la red concertada» y la aplicación de sanciones penales basadas en el artículo 550 del Código Penal dejaría fuera a una parte importante de los docentes.
Barrera insistió en la necesidad de implantar medidas para evitar que las agresiones a los profesores por parte de los padres o de los alumnos «tengan un coste cero», pero insistió en que éstas deben aplicarse «con independencia de si es trabajador es o no funcionario».
La misma postura ha sido defendida por la Confederación Católica de Padres de Asturias (Concapa) y la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fapas) Miguel Virgós. El presidente de la Concapa, José Manuel Martínez, insistió en que el Ministerio de Educación aún no ha tomado una decisión al respecto y de hacerlo, «basándose en el principio de autoridad pública, dejaría fuera a un sector muy importante de la enseñanza, con lo que la medida sería un mero parche y no una solución».
El presidente de la Fapas Miguel Virgós, Antonio Soto, que hoy abandona la presidencia regional de la federación para ocupar un cargo en la confederación, advirtió de que se está «demonizando a los padres» y «cargando en exceso el problema de la convivencia en las aulas en las familias y los alumnos».
