La concejala de Servicios Sociales, Purificación García, reconoció su «error» en la campaña de divulgación del salario social, si bien demostró que la intervención fue legal y no hubo financiación ilegal del Ayuntamiento. De esta forma respondía a la concejala del PP, Carmen Maniega, que reclamó su cese por la campaña sobre el salario social desarrollada en el Ayuntamiento.
García explicó que, ante la necesidad de divulgar el salario social, la empresa Aser se ofreció a financiar una campaña publicitaria que la compañía contrataría directamente. La concejala asumió la propuesta ya que entiende «que el dinero de servicios sociales debe ir a prestaciones, no a publicidad». Además, aceptó la petición de la empresa de no figurar en la campaña, «para evitar peticiones similares en otros concejos». Desde el PP se acusó al gobierno de financiación ilegal y se reclamó que «respetasen la legalidad en su gestión», recriminando la gestión de la edil.
