El juez instructor del 'Caso Malaya', Miguel Ángel Torres, dictó anoche libertad bajo fianza de 50.000 euros para el empresario y máximo accionista del Sporting a título individual, José María González de Caldas, detenido en la tercera fase de la operación contra la trama de corrupción en Marbella.
Según informaron anoche fuentes de la defensa, González de Caldas tenía previsto pagar la fianza impuesta por el juez de forma inmediata por lo que se esperaba que su puesta en libertad se produjera de madrugada.
Los otros tres empresarios que declararon ayer ante el juez -Eusebio Sierra, Miguel López Benjumea y Francisco Zambrana- están a la espera de la decisión judicial sobre su situación.
Para hoy está prevista la comparecencia del empresario de la construcción José María Enríquez y el funcionario judicial Francisco Ramírez, que completan la lista de los seis arrestados que pasaron ayer a disposición judicial. Tanto a González de Caldas como a los otros tres empresarios que salieron ayer en libertad bajo fianza se les imputa un delito de cohecho.
El primero en testificar ayer fue Sierra; posteriormente, lo hizo Benjumea. González de Caldas comenzó a declarar en torno a las cuatro de la tarde y sobre las siete horas empezó la comparecencia de Zambrana.
González de Caldas, arquitecto, constructor y ganadero, saltó a la fama por la relación sentimental que tuvo con la modelo Sofía Mazagatos y su paso por la presidencia del Sevilla, cargo que ocupó durante casi un año entre 1996 y 1997. En Gijón, González de Caldas fue uno de los primeros acreedores del Sporting que anunció públicamente su intención de capitalizar la deuda. En la temporada 2004-2005 pagó las fichas de los jugadores con lo que evitó el descenso administrativo a Segunda B.
Por su parte, el empresario Eusebio Sierra es el director general de la promotora Proincosta S A y uno de los cinco vicepresidentes de la Asociación de Promotores de Turismo Residencial y Deportivo de Andalucía (Promotur).
El empresario Miguel López Benjumea comparte con González de Caldas negocios en el sector de la construcción y la ganadería y son socios de una empresa que gestiona plazas taurinas, y Francisco Zambrana es promotor inmobiliario.
Seis de los once arrestados en la tercera fase de la 'Operación Malaya' fueron conducidos por la mañana hasta los juzgados de Marbella desde la Comisaría Provincial de Málaga para comparecer por su presunta implicación en la trama de corrupción.
En las dependencias policiales de la capital malagueña continúa el italiano Giovanni Piero Montalo y también el duodécimo arrestado en la tercera fase de la 'Operación Malaya', el empresario José Miguel Villarroya Villar.
Roca también declaró
La comparecencia de los nuevos detenidos en los juzgados coincidió con la citación del presunto cerebro de la trama, el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento marbellí Juan Antonio Roca, para responder ante el magistrado Torres por la querella presentada el pasado verano por la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en convenios y permutas de terrenos municipales. Roca reiteró en su declaración que su tarea no era elaborar convenios urbanísticos, sino realizar 'informes no vinculantes'.
A este respecto, insistió en que era responsabilidad de la Junta de Andalucía «decidir si estaban bien o mal» los acuerdos.
Su abogado, José Aníbal Álvarez, explicó que la comparecencia de Juan Antonio Roca se prolongó durante tres horas, en las cuales fue interrogado sobre hasta ocho convenios urbanísticos suscritos por el Ayuntamiento entre 1997 y 2000.
Arenas y Chaves
El ex asesor, que permanece en prisión desde el pasado 30 de marzo, insistió de nuevo en que, tras la aprobación del pleno municipal o la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Marbella, los convenios se remitían a la Junta para su aprobación. Unas veces la Junta daba su visto bueno al proyecto y «otras lo impugnaba», dijo el letrado.
En este sentido, el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, aseguró que el presidente de la Junta, Manuel Chaves, tiene una «responsabilidad política grandísima» en lo ocurrido en el Ayuntamiento de Marbella y le acusó de «dejación de funciones y ser un desastre en los controles urbanísticos».
