Planes de formación para las familias. Es una de las 16 medidas propuesta por la Consejería de Educación en el borrador del acuerdo sobre la 'Mejora de la convivencia escolar' al que ha tenido acceso EL COMERCIO. Un documento breve que se marca siete objetivos para reducir la indisciplina en las aulas y aumentar la autoridad del profesorado.
El papel de los padres será clave para consensuar este acuerdo y la futura aprobación de una normativa autonómica con la que se pretende prevenir y corregir los conflictos en las clases de una forma «ágil y educativa». El borrador redactado por el Principado plantea no sólo incluir en la formación permanente del profesorado contenidos orientados a la prevención de los conflictos en las clases, sino que también propone extender esta formación al ámbito familiar, acordando con las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos el desarrollo de planes de formación y sensibilización relacionados con la convivencia en los centros educativos.
El acuerdo, como ya adelantó el consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, incluye la posibilidad de que las familias de alumnos de enseñanzas obligatorias que presenten problemas de conducta puedan suscribir un compromiso con los colegios para la aplicación de las medidas correctoras.
El Principado busca la colaboración de los padres, pero también la de sus hijos. El objetivo es lograr que sean los propios estudiantes quienes se impliquen en la prevención y solución pacífica de los conflictos mediante programas de mediación.
La propuesta de la consejería parte de la base de que el deterioro de la convivencia escolar responde a múltiples factores y no todos de tipo educativo. El informe apunta a los de carácter social -problemas provocados por un aumento de la permisividad o cambios en el papel de las familias- o los derivados de situaciones de exclusión o marginación social, como otro grupo importante y a los de tipo psicológico -impulsividad, falta de tolerancia o las relaciones negativas con los adultos- para explicar la situación.
Un problema «complejo» cuya solución requiere la implicación de toda la sociedad. De ahí que la propuesta de Educación haya sido remitida a sindicatos, asociaciones de padres, Universidad, empresarios, directores de centros, Consejo de la Juventud, Consejo Escolar, Federación Asturiana de Concejos, y Consejo de Formación Profesional, que presentarán sus aportaciones a la misma antes del próximo día 26.
El Principado reserva un papel destacado a la FACC, con la que quiere establecer acuerdos para desarrollar actividades para la prevención de los problemas de convivencia tanto dentro como fuera de la escuela, y a los medios de comunicación. Con los de titularidad privada confía en llegar a acuerdos para «evitar contenidos de carácter violento o contrarios a conductas de buena confianza», mientras que con los de titularidad autonómica va un paso más allá y anuncia que dispondrán de «programación específicamente relacionados con la educación en la que se resalten los contenidos para reforzar la función del profesorado».
Sanciones penales
El borrador para la convivencia no entra en el debate sobre la aplicación de sanciones penales a los jóvenes que agredan a sus profesores. El Ministerio de Educación reconoció que estudia esta posibilidad después de algunas fiscalías hayan decidido que tales agresiones pueden estar tipificadas en el Código Penal. Para ello se aplica el artículo 550, que permite la imposición de sanciones de uno a tres años de cárcel para agresiones o intimidaciones graves a funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo.
La medida no ha convencido a todos. El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando Salinas, afirmó anteayer en Oviedo que la medida para evitar este tipo de actuaciones escolares «no está en el Código Penal» y que éste sería el «último extremo». Salinas apostó por «buscar la concienciación de la gente para que cumplan las normas». El consejero de Justicia, Francisco, Javier García Valledor, también se mostró partidario de abordar la cuestión a través «de un gran pacto social» en la línea propuesta por la Consejería de Educación, aunque matizó que «la ley debe actuar cuando se producen agresiones a funcionarios públicos».
