La segunda teniente de Alcaldía de Siero, la socialista Eva Eva María Sánchez, ha firmado la renuncia del Ayuntamiento a demandar al alcalde, Juan José Corrales, ante el tribunal de Cuentas por haber firmado dos convenios colectivos con los funcionarios del Ayuntamiento que incluían acuerdos presuntamente ilegales por pagos por encima de la ley y otras prestaciones a los trabajadores.
La concejala, como miembro de la comisión ejecutiva local del PSOE que apoyó la candidatura de Faustino Álvarez a la Alcaldía, quiso dejar claro que se trata de una decisión al margen de la discusión interna del partido, y que
el equipo de gobierno defiende los intereses de Siero y los intereses del alcalde, así como los de los funcionarios.
La edil recordó, asimismo, que durante la negociación del convenio el PSOE estuvo todo el tiempo de parte del alcalde, y «apoyó al 100% su gestión». Por ello, cree que Corrales se encuentra en una situación «injusta».
No obstante, la concejala señaló que se había apresurado a firmar ayer el decreto, aunque el plazo expiraba el próximo martes, día 21, porque el propio alcalde la «instó» públicamente en la reunión de la junta local de gobierno a que lo hiciera antes de las doce del mediodía.
Llegada esta hora, un funcionario municipal habría a solicitarle la firma del decreto -sustentada, eso sí, en un informe jurídico- advirtiéndole de que, de no hacerlo, podría pasar de segunda a cuarta teniente de Alcaldía, y además ver revocada su delegación y su liberación. La edil insistió en todo momento en que no quería llamar «amenazas» a esta actitud.
En principio, la potestad para firmar el decreto correspondía a la primera teniente de Alcaldía y concejal de IU, Marta Pulgar, que renunció por motivos legales.
A continuación, le correspondía a Eva María Sánchez, que decidió tomar la responsabilidad. De no haberse pronunciado ninguno de los concejales en contra, el Ayuntamiento habría presentado la demanda, con lo que el perjuicio para Corrales sería mayor.
Ahora, el proceso sigue abierto, y su continuidad depende de la decisión que tome el Fiscal el día 22 de diciembre. El Tribunal embargó de forma preventiva 600.000 euros al patrimonio personal del alcalde para que, en caso de que continuara el proceso y hubiese un fallo en su contra, pudiera responder a la devolución de los pagos excedidos.
