La madre de un niño de 11 años que tuvo que ser ingresado en el hospital Virgen del Rosell, de Cartagena, tras ser presuntamente agredido por compañeros de instituto, anunciaron ayer la presentación de una denuncia por los hechos ante la Guardia Civil.
El niño recibió el alta hospitalaria después de permanecer en el centro médico desde el pasado jueves, informaron fuentes del Gobierno regional de Murcia, que añadieron que la consejería de Educación abrió de forma inmediata una investigación sobre el hecho.
La madre del niño, Miriam Rodríguez, explicó que los episodios de malos tratos, físicos y psicológicos, empezaron cuando cursaba sexto de primaria y que éstos han continuado al pasar al instituto 'Pedro Peñalver' de El Algar (Murcia).
«El niño me contó que lo cogieron, lo levantaron y lo estamparon contra una mesa», dijo Miriam Rodríguez, quien tras señalar que había recurrido «a un montón de sitios», anunció su intención de presentar una denuncia ante la Guardia Civil. Miriam Rodríguez agregó que llevó a su hijo al hospital cuando «salió del instituto con dolores, diciendo que se encontraba mal, que estaba mareado y que le dolía mucho la columna». En el Rosell «empezaron a hacerle pruebas y tenía una contractura en la columna» dijo la madre, quien expresó el miedo que había pasado «porque pensaban que le habían reventado el bazo».
La madre del pequeño dijo que éste se encuentra en tratamiento psicológico, porque «no duerme, no quiere comer, se come las uñas y a nivel escolar ha dado un bajón tremendo».
El PP propone una ley
El Partido Popular culpó ayer al Gobierno del PSOE de la violencia escolar que padecen algunos alumnos y profesores. El secretario general del principal partido opositor, Ángel Acebes, atribuyó esos sucesos al «desprecio» de los socialistas hacia los «valores y principios que hacen posible la convivencia en paz», entre los que citó el esfuerzo, la autoridad y el respeto.
Para conjurar ese tipo de situaciones, la secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar de su partido, Ana Pastor, propuso al Gobierno una ley integral para prevenir la violencia escolar y fomentar la convivencia en las aulas.
La norma debería incluir, entre otras medidas, permisos para que los padres puedan ausentarse del trabajo e ir a los centros educativos a hablar con los profesores.
