Agredir a un profesor en Asturias se considera un atentado y, por tanto, podrá ser castigado con penas de entre dos y cuatro años de cárcel. El fiscal jefe de Asturias, Gerardo Herrero, aseguró ayer compartir la línea de actuación iniciada por la Fiscalía de Cataluña para reforzar la seguridad de los profesores, tipificando como atentado las agresiones que sufran por parte de estudiantes y siempre que éstas se produzcan en el desempeño de su función pública o como consecuencia directa de ella.
En el Principado este criterio no se ha aplicado aún «porque no se denunciado ningún caso». La postura de la Fiscalía de Asturias está clara, sin embargo, Herrero confía en que «en los próximos días la Fiscalía General remita una instrucción que permite unificar los criterios en todas las provincias».
La posibilidad de imponer sanciones penales, basadas en el artículo 550 del Código Penal, se restringe al caso de los funcionarios y dejaría fuera a una parte importante de los docentes de la red privada y concertada. Herrero reconoció que esta situación tiene «difícil solución, ya que implicaría una modificación legislativa». En estos momentos, explicó, «no se puede realizar una interpretación extensiva del Código Penal en perjuicio del reo».
La preocupación por los problemas de violencia en las aulas va en aumento y el Gobierno central también se plantea que las sanciones penales sean una de las medidas a aplicar para atajar las agresiones a los docentes. El consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, descartó pronunciarse sobre «una cuestión que deben resolver jueces y fiscales».
El consejero si se pronunció sobre el acuerdo para la convivencia escolar propuesto por el Principado para agilizar las sanciones y reducir la indisciplina en las aulas. Riopedre recordó que sindicatos, centros educativos, asociaciones de padres, empresarios y medios de comunicación podrán realizar sus aportaciones al borrador para lograr un documento consensuado que confía en firmar antes de Navidad.
Los sindicatos ya han manifestado que entre las medidas deberían incluirse la creación de departamentos de orientación en centros de Primaria, el refuerzo de programas de atención a la diversidad y la reducción de las ratios profesor-alumno para atender estos casos. Una propuesta que Riopedre se mostró dispuesto a negociar. Afirmó que para la Consejería la convivencia en las aulas «es un tema prioritario y , por tanto, no nos negamos a replantearnos los recursos que se necesitan para su desarrollo».
El consejero, sin embargo, puntualizó que Asturias tiene una de las ratios profesor-alumno más bajas del país y que en los centros de Educación Secundaria ya existen departamentos de orientación, con trabajadores sociales.
