El concejal de Urbanismo, Jesús Morales, dio ayer por zanjada la polémica relacionada con la recalificación de una finca de La Coría propiedad de su familia política, tras comparecer en la comisión municipal extraordinaria sobre el caso solicitada por el PP. El edil estuvo arropado por el director del equipo redactor del PGOU, Luis Felipe Alonso Teixidor, y el jefe de servicio de Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, Félix Fontecha.
Morales aseguró que «la prueba del nueve» de que no ha incurrido en ninguna de las irregularidades administrativas y urbanísticas de las que los populares le acusan es que el único partido de la oposición «aún no me ha llevado a los tribunales». El veterano concejal recordó que en lo que va de legislatura la formación que preside en Gijón Pilar Fernández Pardo «ha llevado varias veces al ámbito judicial cualquier tema menor» por conflictos con el equipo de gobierno.
«Si tuvieran conciencia de la más mínima irregularidad que yo haya podido cometer, aunque fuera administrativa, irían de cabeza a los tribunales. Sin embargo, no lo hacen porque ir a hacer el ridículo delante de un juez no debe de ser agradable», manifestó el responsable del Urbanismo gijonés desde hace 20 años.
Morales explicó también que la comisión extraordinaria celebrada ayer «no valió para nada, porque el PP tiene su guión sobre este asunto desde hace tiempo y de ahí no le bajan». El edil lamentó que el único partido de la oposición tenga como máximos representantes a «personas con un concepto tan bajo y miserable» de cómo debe ser la actividad pública. «Si hubiera buena fe aceptarían las explicaciones que les dan los técnicos».
Alonso Teixidor ratificó ante los populares su tesis de que la conversión de parte de la parcela de Castiello en suelo urbanizable fue un error de su equipo al hacer el dibujo definitivo de los planos de la zona. Un error de fondo, dijo, que ahora será subsanado tras la presentación de un recurso por parte de la suegra de Morales para eliminar esa mejora urbanística.
El jurista del Ayuntamiento, por su parte, justificó la votación de Morales en la aprobación definitiva del PGOU, con independencia de que supiera o no la situación en que se encontraba la finca de su familia, por tratarse de una norma de carácter general como los presupuestos o las ordenanzas fiscales. Fontecha dijo que hay jurisprudencia autonómica que avala la forma de proceder del edil de Urbanismo.
Por su parte, la portavoz del PP, Pilar Fernández Pardo, hizo otras lecturas de la comisión. La primera de ellas que «las irregularidades denunciadas en el 'caso Morales' son un hecho objetivo y contrastado que mi grupo no se sacó de la manga». Precisó además que sus ediles nunca hablaron de delito y sí de un comportamiento poco ético -influir en sentido positivo o negativo en el equipo redactor del PGOU- del que «se deben derivar responsabilidades políticas».
Pardo destacó el hecho de que Teixidor reconoció que Morales le «manifestó preocupaciones» sobre la situación de la finca de sus parientes antes de la aprobación inicial del plan general. Además recalcó que a día de hoy la parcela de La Coría está recalificada porque el recurso interpuesto por la suegra de Morales ante el Pleno ha sido desestimado por silencio administrativo negativo. «Si realmente hubiera querido renunciar a la nueva calificación habría ido ya a los tribunales», dijo.
