La Unidad Judicial de Policía Local controla 84 órdenes judiciales de alejamiento por violencia de género en la ciudad. Sólo «entre un 10 y un 12%» de las personas a las que garantizan su seguridad son hombres, según explicó ayer la sargento responsable del servicio, Mercedes García. La cifra forma parte de las 250 órdenes controladas por los agentes municipales desde noviembre de 2004, con la entrada en vigor la Ley Integral de Violencia de Género.
Su labor, limitada a la zona urbana, ya que en el área rural la tarea corresponde a la Guardia Civil, consiste en investigar los datos del agresor y la víctima a través del contacto con ambos para valorar los riesgos, informar sobre los recursos municipales y mantener contacto periódico. En caso de quebrantamiento y novedades sobre la situación de alguno de los dos, tienen la obligación de informar en el Juzgado.
García participó ayer en una mesa redonda organizada con motivo de la conmemoración el sábado 25 del Día Internacional de la Violencia contra las mujeres, dentro de los actos que organiza el Ayuntamiento y que ayer presentó la concejala de la Mujer, Silvia Junco. La charla, celebrada en el Auditorio Príncipe Felipe, sirvió para abordar el tema de la prevención, reflexionar sobre esta lacra social y valorar si las medidas y la legislación actual resultan eficaces. También formaron parte de la jornada la psicóloga Rosario Álvarez y la abogada Eva Rubio, ambas del Centro Municipal de la Mujer. Silvia Junco ejerció de moderadora.
El caso: Isaura Pascual
Durante dos horas y media, las tres ponentes repasaron los aspectos jurídicos, psicológicos y policiales del problema. En lo que va de año, 60 mujeres han fallecido en España por esta causa. Entre ellas se encuentra Isaura Pascual, la joven portuguesa que murió a manos de su ex marido en Bueño, en Soto de Ribera. Sucedió en marzo, tras optar por abandonar el centro de acogida ovetense.
Un de los temas más discutidos entre los asistentes fue la necesidad de rehabilitar a los maltratadores fuera del ámbito penitenciario. Rubio destacó otras carencias de la legislación en torno a la dificultad de acreditar el maltrato psicológico, la obligatoriedad de dictar orden de alejamiento en todos los casos o el forzoso encuentro cara a cara que, en algunos casos, se produce en el juicio.
