La empresa propietaria de las Casas del Cuitu, Propiedades Urbanas, S. A. (Prusa) pide la declaración de ruina de los edificios. Pero mientras finaliza un primer proceso judicial, la dueña ha tenido que poner andamios. El Ayuntamiento exigió en agosto a la empresa la reparación urgente de parte del balcón central.
A finales de julio una pieza de mortero del primer piso de la fachada que da a la calle Independencia cayó al suelo sin causa aparente. La piedra permaneció durante varias semanas tirada en un espacio delimitado por la Policía Local.
Después de que el Consistorio diera el visto bueno al informe técnico necesario para ejecutar las obras presentado por el arquitecto Luis Espina, y tras comprobar que no había riesgo de mayores desprendimientos, comenzó la rehabilitación. Fue hace diez días y ya está prácticamente terminada. Falta dotar de color a las zonas en las que se ha intervenido. La obra concluirá esta semana.
Los operarios han rehabilitado la moldura del balcón, protegido los perfiles metálicos que estaban a la vista y rellenado las grietas y fisuras en pilastras, balaustres y cornisas. «Cumplimos estrictamente la orden del Ayuntamiento», explican fuentes de Prusa, que no ven demasiado sentido en los trabajos «porque lo que nosotros queremos es hacer una reforma total en el edificio».
Para ello, la empresa participada por el grupo Masaveu, tendrá que esperar. El juez aún no ha dictado sentencia estimando la ruina o no del inmueble. Los propietarios de las casas confían en tener el fallo «antes de que finalice el año». Pero será sólo el primer paso para entrar en un proceso de mayor repercusión. Tanto dueños como inquilinos están dispuestos a llegar al Tribunal Superior de Justicia si el juez no les da la razón. Allí se tomará la última decisión, y concluirá un litigio que comenzó en 2002, aunque podría demorarse medio año más.
Las diferencias entre inquilinos y propietarios comenzaron poco después de que Prusa comprara al Banco Herrero los inmuebles de la calle Uría en una subasta por 9 millones de euros. Tras la operación, la empresa adquirió 45 garajes en Económicos para rentabilizar las oficinas en las que pretendía convertir los edificios. Cuando decidió hacer obras comprobó, según sus informes, el alto deterioro de la estructura. Pidió la ruina técnica y económica y comenzaron las negociaciones con los vecinos. Con ocho no llegaron a acuerdos. Una vez resuelto el contencioso será necesario el dictamen de la Consejería de Cultura para poder actuar sobre los edificios que tienen una protección integral.
