Ni la aplicación de sanciones penales a quienes agredan a los profesores, ni el acuerdo por la convivencia escolar propuesto por el Principado. Lo que realmente urge, según la Asociación de Directivos de Secundaria del Principado, es la redacción y entrada en vigor del nuevo decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos, en el que se incluirán las medidas para agilizar el modelo sancionador y reforzar la autoridad del profesorado.
Francisco Alonso, presidente de la asociación y director del Instituto de Educación Secundaria Rosario Acuña de Gijón, recordó que «hace ya diez años, uno después de la entrada en vigor del actual decreto», los directores de los centros de Asturias ya advirtieron a la Administración de que el sistema de expedientes era «ineficaz, como ahora parece reconocer».
La nueva normativa, ya desarrollada en otras comunidades, «no debe dejar dudas sobre la autoridad de los equipos directivos y del profesorado y sobre la agilización de los procedimientos de sanción», puntualizó Alonso. El director de la asociación que agrupa a directores, jefes de estudio y de administración de medio centenar de institutos del Principado, cree que los temores de las familias en este sentido son infundados ya que «respondemos a la directrices que marcan los claustros y los consejos escolares y nuestra actuación es evaluada cada año». Es más, según la experiencia de los miembros de la asociación, las sanciones que imponen los equipos directivos «siempre son menores a las que impondrían los padres y los alumnos».
Alonso valoró la implicación tanto de las familias como de los sectores empresariales y de los municipios para consensuar el acuerdo para la convivencia propuesto por el departamento de José Luis Iglesias Riopedre. Sin embargo, descartó la propuesta planteada por las asociaciones de padres de reactivar las comisiones disciplinarias de los centros para determinar la imposición de las sanciones. A su juicio, esta medida «ralentizaría tanto o más que la actual tramitación de los expedientes el cumplimiento de los castigos».
Mejor que en la calle
Desde la asociación se insiste en la necesidad de que el nuevo decreto que regule la convivencia en los centros entre vigor lo antes posible, aunque también se puntualiza que la situación en el ámbito escolar «es mejor que en el resto de la sociedad».
Alonso reconoce que hay determinados casos en los que se requiere adoptar medidas excepcionales. Los problemas graves, puntualiza, se dan «cuando no hay una respuesta de las familias ante la falta de indisciplina de determinados alumnos, fundamentalmente de aquellos entre 14 y 16 años que ya no deseen estudiar, pero están obligados por ley a permanecer en el sistema».
La solución en estos casos pasaría, según Alonso, por crear aulas específicas para que estos alumnos estén atendidos durante el tiempo que dure la sanción. «De nada sirve enviarles a sus casas si los padres no se van a hacer cargo de ellos», matiza. Estas clases podrían estar dentro de los propios centros o depender de los Ayuntamientos. En cualquiera de los casos se necesitaría contratar a personal -trabajadores sociales- para la atención, apunta.
La propuesta, explica Alonso, ya se ha incluido en los decretos sobre derechos y deberes de los alumnos que han redactado otras comunidades.
