El viernes se pondrá punto y final al caso del edil del Ayuntamiento de Navia que medió en una operación urbanística en Puerto de Vega. El Pleno ordinario que se celebrará ese mismo día contiene en el orden del día la lectura de la dimisión que presentó el concejal Juan Pablo Unibaso, del PSOE, el pasado 23 de octubre en el registro después de hacerse público que había cobrado una comisión de 72.000 euros por las opciones de compra de terrenos de ocho propietarios de Puerto de Vega.
Se trata de un paso necesario para que la junta electoral -organismo competente en la materia- decida sobre la dimisión y nombre a una nueva persona en el cargo, en función de la lista electoral presentada a las elecciones municipales. El mismo viernes o como muy tarde el lunes, según las previsiones con las que trabaja el Ayuntamiento, la junta electoral conocerá la dimisión del edil.
Con este trámite la corporación municipal asume la renuncia al acta de concejal de Juan Pablo Unibaso. Una vez elevada la decisión a la junta electoral, este organismo se encargará de comunicar al Ayuntamiento el cambio de concejales. El equipo de gobierno naviego estima que «en 15 ó 20 días» conocerán la resolución del organismo encargado de nombrar al nuevo concejal y que el próximo Pleno, previsto para enero, contará con la asistencia del edil que sustituirá a Juan Pablo Unibaso.
Sin debate
En el orden del día no está previsto debatir sobre esta dimisión, pese a que fue polémica porque tuvo lugar tras conocerse las operaciones urbanísticas en las que había mediado el concejal socialista. «Se trata de una formalidad», concretó el teniente de alcalde, Roberto Santiago. «Además no se espera la presencia de la persona que presentó la dimisión», dijo.
La Federación Socialista Asturiana (FSA) anunció la expulsión del partido del concejal poco después de conocer los detalles de la operación urbanística, el 23 de octubre. Juan Pablo Unibaso, pese a las decisión de su partido y a no tener el respaldo de la agrupación socialista local, siempre defendió su actuación. La justificaba en que uno de los solares era propiedad de su madre y familiares y en que, en el momento en que se fraguó la operación, «estaba dado de alta en autónomos en el epígrafe correspondiente». Sin embargo, la FSA no consideró ética su actuación y decidió expulsarle del partido justo en el momento en que los socialistas reclaman, a nivel nacional, «tolerancia cero» con la intromisión de políticos en operaciones urbanísticas.
