La Audiencia Nacional condenó a penas de entre seis y once años y medio de cárcel a trece miembros o colaboradores de los subaparatos de captación e información de ETA y absolvió por falta de pruebas a los otros cinco procesados. Se trata del primero de los seis o siete juicios que en los próximos meses sentarán en el banquillo a más de un centenar de acusados de pertenencia o colaboración con esta estructura de la banda terrorista.
Los procesos son el resultado de las siete redadas sucesivas que hizo el Cuerpo Nacional de Policía entre 2003 y 2005 en el País Vasco y Navarra, que concluyeron con la detención de casi 120 personas. Según informó el Ministerio del Interior, la operación policial permitió neutralizar la 'cantera' de la banda y a los colaboradores que le proporcionaban datos sobre objetivos.
La investigación policial fue posible gracias a la detención, en diciembre de 2002, en el sur de Francia de Ibón Fernández Iradi, 'Susper', el jefe militar de la banda, y Lorena Somoza, 'Pinpi', la responsable directa de las estructuras de captación e información. Los conocidos como 'papeles de Susper', un archivo repleto de fichas en clave de captadores, candidatos e informadores requisado en un piso franco de Tarbes, permitió el inicio de las redadas masivas cuando, meses después, fue descifrado por los expertos policiales.
'Arrantzales' y pianistas
La sentencia dictada ayer por la Audiencia Nacional señala que la estructura terrorista, que busca localizar y reclutar a nuevos activistas, fue diseñada por los jefes militares de ETA Juan Antonio Olarra Gurudi e Ainhoa Múgica Goñi, arrestados en septiembre de 2002, y heredada por 'Susper'. El aparato se divide en dos estructuras: la de captación, llamada 'arrantza' (pesca), y la de información, denominada 'pianistas'.
El primer subaparato, con delegados en el País Vasco y Navarra, localizaba candidatos con un perfil idóneo, les enviaba cartas de captación y los seleccionaba mediante entrevistas personales.
La segunda estructura creó una red en pueblos y ciudades de personas que vigilaban a policías, militares, políticos y jueces, y transmitían a la banda datos sobre sus movimientos y costumbres para el diseño de atentados.
La principal procesada es Arritokieta de Andrés, condenada a nueve años de cárcel por un delito de pertenencia a banda terrorista. El tribunal considera probado que formaba parte del aparato de captación, que despachaba de forma directa con 'Susper' o 'Pinpi', y que mantuvo citas al menos con trece candidatos a formar parte de la banda terrorista.
Los dos acusados que han recibido mayores penas son los navarros Mikel Pardo y Tomás Insausti. Ambos han sido condenados a once años y medio de prisión por colaboración con banda armada y por daños con fines terroristas, derivados del lanzamiento en 2000 y 2001 de sendos artefactos explosivos contra cajeros automáticos de Pamplona. Los dos amigos informaron a la banda de los seguimientos que realizaron a dos concejales de UPN y a un subinspector de la Policía.
