El Principado trabaja la redacción del pliego de condiciones para la adecuación, conservación y explotación del hotel de la Universidad Laboral con el propósito de sacar a concurso su adjudicación -la anterior convocatoria quedó desierta- antes de que finalice el año. Así lo avanzó ayer el director de la Agencia para el Desarrollo de la Comunicación y Proyectos Culturales, Jorge Fernández León, quien precisó que «se ha revisado todo el pliego de condiciones de la anterior convocatoria y se trabaja en los cambios».
Fernández León añadió que se trata de un trabajo «a nivel interno» del que no desveló más datos. Las nuevas bases del concurso seguramente modificarán el plazo de amortización de la inversión solicitada -fijado en la primera convocatoria en 14 millones de euros y una concesión por 25 años-. Tanto los representantes del sector hotelero de la región, como la propia consejera de Turismo, Ana Rosa Migoya, reconocieron que éste pudo ser el principal escollo que dejó sin ofertas la convocatoria, cerrada el 16 de octubre.
Algunos cálculos tuvieron que fallar, pues las previsiones de viabilidad económico-financiera que apuntaba el estudio realizado por el Principado para sacar a concurso la adecuación y explotación de la Laboral no convencieron a los empresarios. La convocatoria de licitación señalaba que la inversión global que el concurrente debía cubrir era de 13.826.428 euros, repartidos entre la obra (12,2 millones) y el equipamiento (1,5). Los trabajos debían concluir en dos años y el plazo de concesión era de 25 años.
Los cálculos iniciales
Estas eran las escuetas premisas iniciales, a las que el Principado añadió en su proyecto base que el hotel tendría que disponer de 88 habitaciones, además de dos salas de convenciones con capacidad de entre 50 y 100 personas, cada una, y un salón de celebraciones para más de cien comensales.
Sobre estas premisas y un estudio del sector hotelero y turístico de Gijón, en el que la oferta de la Ciudad de la Cultura constituía el atractivo primordial, los técnicos establecieron los plazos de amortización. Así, sobre una hipótesis de ocupación del 50% en los primeros años y del 60% en los restantes y 50 banquetes anuales, la firma Consultores de las Administraciones Públicas, sostenía que la deuda quedaría amortizada en 2015 y en 2018 los accionistas recuperarían sus inversión.
