La Autoridad Portuaria intentará que el desguace del buque 'Grenland', encallado en el espigón de San Juan desde el pasado 21 de febrero, se efectúe en el menor plazo posible. Su presidente, Manuel Ponga, confirmó que ya se han recibido cuatro ofertas de diferentes compañías para asumir los trabajos. Aún no ha tomado ninguna decisión, pero «esperamos ser más rápidos que la Justicia», aseguró Ponga.
Según indicó ayer, la ausencia de responsables de la Autoridad Portuaria de la ciudad por motivos laborales obliga a retrasar la contratación. Aunque, por prudencia, evitó dar plazos, es un tema que figura entre las prioridades de la Autoridad Portuaria. La situación del buque encallado supone un riesgo y la voluntad de Manuel Ponga es terminar con esa incertidumbre lo más rápidamente posible.
Lo que sí tiene claro el responsable del puerto avilesino son los criterios para la contratación. «Tenemos que analizar las normas y condiciones de cada una de las empresas y decidir la más interesante, tanto en el aspecto técnico como en el económico», declaró. Ponga confirmó que la Autoridad Portuaria «no contratará la oferta más barata. Nuestra prioridad es un desguace respetuoso con el medio ambiente, que sea lo más rápido posible y, por último, económico para las cuentas del puerto».
Aunque aún no se puede hablar de cifras, la Autoridad Portuaria financiará parte de la operación con los ingresos por la venta de la chatarra del buque. El resto será a costa del presupuesto anual del puerto. Si bien, habida cuenta de la altura del año en que nos encontramos, podría fraccionarlo en dos anualidades (2006 y 2007).
El mercante 'Grenland' encalló en el espigón de entrada del puerto de Avilés el pasado 21 de febrero. Desde entonces, ha supuesto un riesgo ya que por su situación podría romperse (si bien se retiró la totalidad del fuel de su interior en los días posteriores al accidente) o liberarse para terminar bloqueando el acceso al puerto. Desde el accidente, el armador abandonó el buque. La Autoridad Portuaria tuvo que esperar a una decisión judicial para iniciar el desguace sin miedo a reclamaciones posteriores.
