La Corte Europea de los Derechos Humanos ha declarado que las penas privativas de libertad utilizadas para castigar faltas disciplinarias en la Guardia Civil vulneran los derechos humanos.
La quinta sección del tribunal de Estrasburgo dio así la razón a la asociación mayoritaria del instituto armado (AUGC), que recurrió a la justicia internacional el arresto domiciliario de seis días de un agente de Gijón, Juan Carlos Dacosta, quien en 1998 se ausentó sin permiso de su puesto para visitar a un familiar agonizante en Pontevedra y que murió a los pocos días.
La Corte sostiene que este recorte de libertades por motivos laborales, recogido en el actual Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, es contrario al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos porque «no respeta las garantías judiciales» de la propia carta europea, por lo que en la práctica, según la AUGC equivale a una «detención ilegal».
El tribunal reconoce que España, en 1978, formuló una reserva al convenio para que no fuesen ilegales las penas del código de disciplina militar que entonces se aplicaban en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Civil. El problema, señala la sentencia, es que desde 1991 la Guardia Civil tiene un régimen disciplinario propio y España no ha vuelto a formular una reserva específica sobre esta ley. En consecuencia, según el tribunal de Estrasburgo, todos los castigos privativos de libertad violan los derechos humanos desde hace 15 años. La Asociación Unificada de la Guardia Civil asegura que sólo entre 1990 y 2004 en el cuerpo se ordenaron 46.903 sanciones disciplinarias, de las que más de 32.000 llevaban aparejada la privación de libertad y 1.027 de ellas eran reclusiones en establecimientos militares. La AUGC anunció que, tras conocer el fallo de Estrasburgo, pedirá reparaciones económicas por estas miles de «detenciones ilegales» que, según sus cálculos, superan los 500 años de privación de libertad.
