EL proyecto de nueva ley del Suelo que ayer fue defendido en el Congreso por la ministra de la Vivienda contiene algunos de los elementos clave que pueden atajar el caos urbanístico actual y las lacras que lleva aparejadas. El 'boom' inmobiliario, que ha desempeñado un papel muy sobresaliente en la prosperidad de los últimos años, ha generado algunas paradojas: al tiempo que estimulaba un crecimiento económico sostenido desde 1995, ha propiciado desórdenes y abusos incompatibles con una concepción cabal de la ordenación del territorio, sin favorecer el acceso a la vivienda de los jóvenes y de los sectores con menos recursos económicos. Este desarrollo imparable del sector construcción se ha debido en buena medida a la utilización de los bienes inmobiliarios como activos financieros. Activos que han servido de refugio al dinero proveniente de la economía sumergida o incluso de actividades criminales. Mientras, los propios ayuntamientos, necesitados de recursos, han optado por financiarse con las plusvalías conseguidas por esos medios. Con todo, la alarma no ha saltado tanto por el recalentamiento manifiesto del sector construcción cuanto por el descubrimiento de graves y escandalosos episodios de corrupción.
Los nuevos y más estrictos controles a los grandes desarrollos urbanísticos que contempla el proyecto en trámite, la exigencia de garantías de servicios en las actuaciones de esta índole y el establecimiento de una tutela de la Administración central en los procedimientos de ordenación territorial autonómica son medidas difícilmente discutibles y que parecen haber obtenido sustantivos apoyos. Con todo, es llamativa la insistencia de los grupos nacionalistas en preservar su competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio, a pesar del manifiesto interés del Gobierno central por no incurrir de nuevo en las causas de inconstitucionalidad que ya fueron declaradas por el Tribunal Constitucional con ocasión de anteriores intentos legislativos (la célebre sentencia 61/1997, de 20 de marzo, sobre todo).
El debate de ayer, enriquecido con el debate social que se está produciendo en los medios de comunicación estos días, ha servido en todo caso para poner de manifiesto la complejidad del problema que se quiere resolver, así como la necesidad de que las soluciones que se arbitren consigan el consenso necesario que las haga realmente operativas. En dicho consenso deben participar no sólo los grupos políticos, sino también los agentes sociales y económicos concernidos por el problema. El acuerdo político requerirá adoptar una visión superior del concepto ordenación del territorio que permita la cooperación de la Administración central con las comunidades autónomas. El consenso social, en el que deben implicarse los agentes financieros, los promotores inmobiliarios o los constructores, deberá establecerse sobre los grandes principios de mercado, que habrán de tamizarse en pos del interés general, ineludible en este caso.
