«Sólo desde el desconocimiento de la realidad puede quitarse importancia a que un minero guarde dinamita». Fue una de las últimas frases de su intervención, pero también una de las más simbólicas. El fiscal antidroga, José Perals, reaccionó de esta forma a las controvertidas declaraciones de su superior jerárquico, Gerardo Herrero, que el pasado día 13 calificó de «normal» que en 2001 un minero pudiera estar en posesión de explosivos. Sin hacer alusión explícita a Herrero, Perals jugó con los últimos cinco minutos de la presentación de sus conclusiones ante el tribunal que juzga el 'caso Pipol' para recalcar, con voz firme y gesto serio, que esas opiniones «no se pueden compartir» porque «la realidad social es bien distinta». Como aval a sus palabras, y ante un auditorio expectante, recordó que tanto José Emilio Suárez Trashorras como Antonio Toro ya fueron procesados en 2003 por el juez instructor del caso, Juan Laborda, precisamente por tráfico de explosivos.
Que al fiscal antidroga no le habían gustado las palabras de Herrero sobre la «normalidad» con que los mineros podían disponer de dinamita en 2001 era 'vox populi' en el mundillo judicial. Hasta ayer, sin embargo, Perals no había abierto la boca. Pero aprovechando la primera de las cuatro sesiones habilitadas para la presentación de conclusiones, dejó muy claro su descontento con la forma de proceder del fiscal jefe. Sin citarlo nunca directamente, eso sí, pero con una claridad meridiana en sus palabras que hizo que a nadie presente en la sala se le escapara el destinatario final del mensaje.
Creencias
A juicio de Perals, no es en modo alguno cierto el argumento de que los mineros pudieran acceder libremente a dinamita para luego almacenarla con total libertad. «Pero de tanto repetirlo, algunos han terminado por creérselo», sentenció, a modo de primera carga de profundidad. La verdad cierta es, desde su punto de vista, bien diferente. Ni «como asturiano» ni en el ámbito penal, puntualizó, «hemos percibido jamás esa supuesta realidad de que haya un cartucho de dinamita debajo del brazo de cada minero», sentenció.
El responsable antidroga de la Fiscalía recordó, para avalar la fuerza de su postura, que en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados la Guardia Civil de Asturias «desmintió» ese concepto de normalidad transmitido por las palabras de Herrero. Y fue un poco más allá. «Ya en el año 2003, antes de los atentados del 11-M», recordó, el juez instructor procesó a Toro y a Trashorras «por tráfico de explosivos». A partir de aquí, su conclusión es demoledora: «No se puede compartir las opiniones de quien dice que esto no tenía importancia».
La realidad expuesta por José Perals es diametralmente opuesta a las reflexiones defendidas días antes por su inmediato superior. «Lo cierto es que en 2001 había gente que tenía un depósito de dinamita», aclaró, «y no dos simples cartuchos». En este punto, el fiscal citó los testimonios vertidos durante el juicio por Francisco Javier Lavandera Villazón y el marroquí Rafá Zouhier para indicar que el explosivo en posesión de Toro y Trashorras no se limitaba al hallado en el garaje de Avilés, los famosos 2,5 kilos de 'goma 2' ECO y los 94 detonadores, sino que era una cantidad muy superior, y que su fin último «no era para tirar en las fiestas», a modo de petardos, «sino con fines criminales, para traficar con ellos».
La discordancia en la Fiscalía de Asturias, a la vista de las reflexiones de Perals, está sobre la mesa. Pero la polémica, al menos de momento, no se ha trasladado a la Fiscalía General del Estado. Fuentes del departamento que encabeza Cándido Conde-Pumpido, que ayer se encontraba en Santiago de Compostela, aseguraron a EL COMERCIO no estar al tanto de ningún enfrentamiento o discrepancia entre José Perals y Gerardo Herrero y advirtieron de que, por lo tanto, no se producirá ningún posicionamiento expreso sobre esta materia.
La contundencia demostrada por el fiscal antidroga en sus manifestaciones no se quedó ahí. Perals también cargó con dureza contra la posición mantenida durante el juicio por las defensas de Toro y Trashorras, acusando a los abogados de «intentar crear una confusión y dudas razonables» en el tribunal mezclando el 'caso Pipol' con el proceso del 11-M. «El fiscal sí es plenamente consciente de que lo que se juzga aquí llega hasta septiembre del 2001», apuntó, mostrándose seguro de que la sala dictará sentencia sobre lo sucedido hasta esa fecha «sin confusiones, aunque sin dejar al margen la realidad social de los hechos» y cómo se cometieron. En cuanto al apartado estricto del 11-M, recordó que el relato del sumario sitúa como punto de partida los primeros días del año 2002.
En último término, José Perals no quiso terminar su largo alegato -cerca de cuatro horas de intervención- sin olvidar algunos de los momentos más controvertidos vividos durante el desarrollo de las sesiones. En esta línea, recordó que la Fiscalía realiza su trabajo en representación de la sociedad y, en caso de delitos graves vinculados al tráfico de drogas o explosivos, «en nombre de las víctimas». A partir de ahí, reclamó un «respeto» para la figura del fiscal que, en este proceso judicial en concreto, «no siempre se ha tenido».
