Todavía no está claro si el proyecto de Repsol para reabrir la gasolinera de Viesques recibirá los parabienes del Principado, pero los responsables regionales de Medio Ambienten aseguran que, tanto si se va como si se queda, la obligación de corregir perfectamente la contaminación producida y admitida por la misma empresa es ineludible.
Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras indicaron a EL COMERCIO que el proyecto de Repsol para reabrir la gasolinera de Viesques, que les envió el Ayuntamiento de Gijón, consta de dos partes claramente diferenciables. Por una parte, se encuentra el caso de la contaminación detectada en el garaje de un edificio anexo y, por otra, determinadas medidas propuestas para poner nuevamente en funcionamiento el surtidor, obviamente tras una reparación adecuada de los depósitos dañados o su sustitución, a fin de que no se reproduzcan los problemas en el futuro.
El Principado dispone todavía cerca de un mes para emitir el informe vinculante al Ayuntamiento, lo que implica que la reapertura no podrá ser autorizada si dicha valoración es desfavorable.
De momento, Medio Ambiente evita adelantar resultados o previsiones, pero ya tiene claro que, sea cual sea el futuro de la gasolinera, la contaminación ocasionada debe ser eliminada. Es más, las mismas fuentes indicaron que el Gobierno regional requerirá explícitamente a la compañía petrolera a tal efecto y ese aspecto del proyecto no volverá a pasar al Ayuntamiento, porque tiene trámite directo entre la Administración y la empresa interesada.
En todo caso, el hecho de que Repsol haya detectado y admitido la contaminación ocasionada pone de manifiesto buena disposición a aplicar las medidas que sean necesarias.
Traslado
A la espera de la resolución del Principado, tanto de Medio Ambiente como de Industria, sobre el proyecto de reapertura, los vecinos de la zona insisten en que la mejor solución es el traslado a un lugar menos metido por la población. A su favor tienen que Medio Ambiente conoce el precedente existente, que llevó a la clausura de la gasolinera hace ahora cerca de un año, y ha advertido al respecto al departamento de Industria, para que sean adoptadas las medidas de seguridad que corresponda para que el problema no se repita.
Por otra parte, fuentes vecinales anunciaron a EL COMERCIO que presentarán nuevas alegaciones en virtud de la nueva normativa sobre tratamiento de grandes depósitos de combustible que quedan en desuso, publicada el pasado diciembre en el BOE. Los vecinos entienden que no cabe reparar los actuales depósitos, tanto por la cantidad de defectos que presentan (un informe al respecto cuenta 11 agujeros) como por el fracaso de un intento pasado de reparación. Los vecinos afectados entienden que la única solución sería instalar nuevos depósitos encastrados en hormigón, aunque su deseo sigue siendo la clausura definitiva del surtidor.
